Este mandato municipal, que se inició con las elecciones municipales de 2019 y que está a punto de finalizar, ha estado irremediablemente marcado por la pandemia de la Covid que, de un día para otro, obligó a detener la marcha del planeta. Nadie sabía cómo actuar, pero en el caso de alcaldes y alcaldesas noveles aquel imprevisto podría haber sido demoledor de esperanzas y de voluntades de mejora de nuestras poblaciones. De repente, tuvimos que reformular nuestras prioridades y, quiero decirlo de manera clara, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, estuvieron a la altura de lo que el vecindario necesitaba: seguridad, empatía y liderazgo en la lucha contra los efectos del virus, tanto sanitarios como socioeconómicos. Es evidente que este hecho nos ha marcado el mandato completo, y de hecho, toda una vida.
En el gobierno de la Diputación que tengo el honor de presidir, el virus nos pilló también iniciando una nueva etapa, en la que decidimos sustituir las ayudas directas discrecionales por un sistema de reparto de los fondos sobre bases equitativas, públicas, transparentes y objetivables; reconociendo la autonomía municipal a la hora de decidir el destino de la inversión en cada pueblo; y aplicando criterios de discriminación positiva en favor de los municipios en riesgo de despoblación o que sufren el condicionante de vivir en el entorno de montaña. Rompimos así un reparto falsamente igualitario de acuerdo con la población censada, ya que no son iguales los retos que afronta un municipio de 500 habitantes mal comunicado que una capital de 15.000 personas con servicios básicos mejor garantizados.
Es en la recta final del mandato cuando me creo obligado a rendir cuentas del resultado de la gobernanza republicana que define esta forma de entender la administración pública, tal como tuve la oportunidad de hacer la semana pasada ante alcaldías y presidencias de consejos comarcales y ahora quisiera resumir aquí de cara a la opinión pública en general.
Este mandato hemos incrementado un 25,70% el dinero directamente destinado a ayuntamientos y consejos comarcales respecto del mandato anterior, pasando de 153,6 millones de euros a 193,1 millones entre 2019 y 2022. Con un matiz fundamental que hay que retener siempre, que hablamos de todos los ayuntamientos y consejos comarcales como beneficiarios de manera equitativa, no de unos cuantos.
La combinación de la equidad y los criterios de discriminación positiva ha tenido la consecuencia de que los incrementos más espectaculares de reparto de los fondos de la Diputación los encontramos en aquellas comarcas donde históricamente más se notaba la desinversión pública y que son las comarcas actualmente más afectadas por la despoblación, como el Solsonès, con un 56% de incremento respecto del mandato anterior; la Segarra, un 49,7%; el Alt Urgell, un 47%; el Pallars Sobirà, un 39%; las Garrigues, un 32,4%; el Pallars Jussà un 32%; el Urgell, un 30,9%; y la Noguera, un 26,9%. Y, si entráramos al detalle, veríamos que, dentro de comarcas con crecimientos más nimios, como podrían ser el Segrià y el Pla d’Urgell, existen ayuntamientos que han visto duplicadas las aportaciones de la Diputación. ¿Por qué? Porque no todos los ayuntamientos recibían, ni mucho menos, el trato que de la Diputación, el Ayuntamiento de los ayuntamientos, merecían.
El gran grueso de estos planes se ha destinado a los gastos ordinarios, mantenimientos e inversiones de ayuntamientos y consejos comarcales, en un 40%, así como a inversiones y mejoras en materia de salud pública, el 25%. Los ejemplos son notorios, desde la construcción de plazas infantiles a la mejora de más de 100 kilómetros de tuberías de aguas, pasando por consultorios médicos, la organización de ferias locales y la permanente puesta al día de los servicios que cada ayuntamiento ofrece a su ciudadanía. Es todo aquello que permite arraigar proyectos de vida en los municipios.
Hemos demostrado apostar por las oportunidades de nuestro territorio cuando hemos multiplicado por cuatro las ayudas a los caminos locales, pero también cuando hemos multiplicado por cinco el fomento a las políticas de igualdad y la dignificación feminista. Demostramos apostar por las oportunidades de nuestro territorio cuando creamos el nuevo Plan Trienal para Inversiones de Salud, que permitirá inyectar hasta 24 millones de euros en infraestructuras sociosanitarias locales hasta 2025, y también cuando abrimos una línea de apoyo para museos locales. Demostramos apostar por las oportunidades de nuestro territorio cuando desplegamos un plan para abrir nuevos accesos a la autopista, por fin libre de peajes; cuando reivindicamos el acceso a los servicios financieros en núcleos de los cuales ha huido la banca y cuando exigimos la reactivación de los fondos europeos que el gobierno del Estado ha negado a la mayor parte de los municipios de la demarcación.
Demostramos apostar por las oportunidades de nuestro territorio cuando dimos apoyo a una película que creíamos que nos explicaba al mundo y que se ha convertido en todo un fenómeno social que ha supuesto el estallido de ser de Lleida, de ser rural, de ser de pueblo! A Carla Simón, Arnau Vilaró y las leridanas y leridanos que han atraído masas a los cines de todo el mundo les estamos eternamente agradecidos por hacernos sentir el orgullo de la ruralidad leridana como nunca había pasado antes.
Personalmente, me siento orgulloso de este balance, reconociendo que en ciertos momentos hemos sufrido los cuellos de botella que impone una rigidez administrativa excesiva, de la cual somos víctimas todas las administraciones hoy en día. Y políticamente me siento avalado para reivindicar que hemos trabajado en favor de la Lleida entera, la que conforman los 231 municipios, las más de 1.300 entidades de población, los 13 consejos comarcales y el millar largo de entidades y asociaciones del tejido social que conforman las comarcas de Lleida, Alt Pirineu i Aran, una demarcación orgullosa de ser como es y que, ahora, el resto de Cataluña está redescubriendo.
Joan Talarn i Gilabert