La Guardia Civil ha abierto una investigación contra el piloto de drones de una empresa agrícola por una supuesta aplicación irregular de herbicidas en campos de la comarca de la Noguera que habría acabado provocando daños en fincas vecinas con árboles frutales. Los hechos se enmarcan en la operación policial bautizada como ‘Vent de Ponent’ y se investigan como un presunto delito de daños.
La intervención se inició después de que tres propietarios de parcelas afectadas presentaran una denuncia ante la Guardia Civil de Lleida. A partir de ahí, los agentes detectaron que los tratamientos fitosanitarios se habrían llevado a cabo mediante drones operados por una empresa con sede en la demarcación de Tarragona, contratada para aplicar herbicida en sembrados de cebada.
La investigación ha permitido constatar que la empresa no disponía de la autorización necesaria para realizar tratamientos de fitosanitarios por vía aérea, un requisito indispensable según la normativa vigente. Además, los agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) han verificado que el producto utilizado estaba “prohibido para ser aplicado a través de drones”, lo que agrava la posible responsabilidad penal.
Daños en plena floración
El herbicida aplicado con el dron no se habría quedado únicamente dentro de las parcelas tratadas. Factores como las condiciones meteorológicas —especialmente el viento— habrían favorecido la dispersión del producto hacia campos adyacentes donde había árboles frutales en plena floración. Esta circunstancia habría causado daños tanto a los árboles como a la producción prevista.
A raíz de los hechos, la EPRONA de la comandancia de Lleida puso en marcha la operación ‘Vent de Ponent’ y, conjuntamente con técnicos de Sanidad Vegetal de la Generalitat, recogió muestras tanto de los campos de cebada como de las fincas afectadas con frutales. Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio Agroalimentario de Cabrils, en Barcelona, para ser analizadas.
Fuentes de la investigación remarcan que este tipo de prácticas están en crecimiento y alertan que “el uso de drones en agricultura requiere cumplir estrictamente todas las autorizaciones exigidas por Seguridad Aérea y Sanidad Vegetal”. El objetivo es evitar riesgos tanto para el medio ambiente como para otras explotaciones agrícolas.
Una vez recopiladas las pruebas y los informes técnicos, los agentes han confirmado oficialmente que la empresa investigada no estaba habilitada para hacer este tipo de aplicaciones aéreas y que el producto utilizado tampoco estaba autorizado para este método. Las diligencias del caso ya han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Balaguer, que deberá determinar las responsabilidades penales que se puedan derivar.