La Fiscalía ha pedido una condena de 14 años de prisión y 10 años más de libertad vigilada para un empleado de un centro de menores ubicado en Lleida, acusado de haber agredido sexualmente a una adolescente. El procesado prestó servicios en este equipamiento entre finales de 2018 y el año 2019.
Según el relato del ministerio público, en un momento indeterminado durante este período, el acusado aprovechó la confianza con una menor residente en el centro para invitarla a su domicilio particular. Allí, presuntamente, le practicó toqueteos y la violó. La víctima tenía más de 16 años cuando se produjeron los hechos.
Peticiones adicionales del fiscal
Además de los años de prisión y la libertad vigilada, el fiscal solicita que el condenado no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni mantener ningún tipo de comunicación con ella durante una década. También reclama que se le prohíba desarrollar cualquier actividad laboral que implique contacto con menores durante este mismo plazo.
Asimismo, la Fiscalía exige que el acusado abone una indemnización económica de 10.000 euros por daños morales causados a la joven.
El juicio está previsto que se celebre el 11 de marzo ante la Audiencia Provincial de Lleida.
Agresión sexual contra una menor en Vielha: nuevo juicio en marzo
Por otro lado, el próximo día 12 de marzo, también en la Audiencia Provincial leridana, está convocado otro juicio contra un joven acusado de haber abusado sexualmente de una niña en un domicilio situado en Vielha, hecho ocurrido en mayo de 2019.
El informe fiscal explica que la menor había ido al piso para participar en una fiesta nocturna conocida como 'fiesta de pijamas'. Durante este encuentro, el procesado aprovechó para realizarle tocamientos hasta que ella pudo alejarse.
Pena solicitada por el ministerio público en este caso
Ante estos hechos, la Fiscalía pide imponer al joven una pena privativa de libertad de 2 años y 9 meses, correspondiente a un delito de abuso sexual sobre menor de edad. Además, propone aplicarle tres años más de libertad vigilada.
También se reclama la emisión de una orden de alejamiento y prohibición total de comunicarse con la víctima durante cuatro años. Finalmente, se quiere establecer una inhabilitación profesional superior al período penitenciario para que no pueda ejercer actividades laborales relacionadas con menores durante al menos cuatro años más.
Esta causa incluye también la petición de que el acusado compense económicamente a la víctima con 6.000 euros, destinados a los perjuicios personales y morales ocasionados por el supuesto delito.