El Pleno de la Diputación de Lleida condena la violencia de los cuerpos policiales españoles durante el 1-O

05 de octubre de 2017 a las 12:36h

El Pleno de la Diputación de Lleida ha condenado esta mañana, mediante una moción presentada por CiU, ERC y la CUP, la violencia con la que actuaron las fuerzas de seguridad del Estado contra los votantes durante el 1 de octubre. Las portavoces de PPC, Dolors López, y C's, Ángeles Ribes, han acusado de "cínicos e hipócritas" a los independentistas al considerarlos responsables de que la policía actuara como lo hizo. El presidente de la Diputación, Joan Reñé, les ha replicado de manera contundente, que se pusieran delante del espejo si querían ver cinismo e hipocresía porque, dice, sus respectivos partidos no han hecho nada para establecer líneas de diálogo. El portavoz del grupo de ERC, Jaume Gilabert, ha manifestado que las cargas policiales supusieron "una vulneración de los derechos fundamentales que nunca caerá en nuestro olvido". Daños materiales que los cuerpos de seguridad causaron en los edificios y espacios públicos hace responsable al gobierno español y debería asumir todas las consecuencias. En esta línea también ha pedido a las instituciones europeas e internacionales "no continúen mirando a otro lado haciendo ver que en Cataluña no pasa nada". Francesc Boya, portavoz de Unidad de Aran – Candidatura de Progrés, cree necesario lanzar un mensaje de concordia y unidad con el fin de encontrar un punto en común para salir de una situación de perjuicios al país. En la moción se exige también la retirada de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un punto al que se muestra favorable, pero considera que "debería ir ligado a un llamamiento a detener la huelga, las manifestaciones en la calle y al retorno a la normalidad ciudadana". De este modo, Boya considera un error haber salido del marco legal porque "se ha dejado de lado a gran parte de la población de Cataluña". La portavoz del grupo de Ciudadanos, Ángeles Ribes, ha criticado la moción al considerar que en el escrito señala al gobierno español y a sus cuerpos de seguridad como los únicos responsables de violencia y opresión al pueblo catalán. Acusa también a los partidos independentistas de haber "fracturado la sociedad catalana, de no buscar consenso y de imponer sus directrices a toda costa". Ribes afirma que pedirán explicaciones referente a las cargas policiales del pasado 1 de octubre, pero que en ningún caso criticarán a los cuerpos policiales, ya que "actúan con la profesionalidad debida", bajo unas órdenes concretas y que el problema son quienes las emiten. En esta línea lamenta que aún no haya dimisiones por parte de los responsables de los diferentes episodios violentos vividos durante el referéndum. Desde el Partido Popular, Dolors López se muestra contraria a la moción a pesar de mantener su condena a la violencia, "pero toda y la de todos". También la psicológica, dice, que se está ejerciendo sobre muchos ciudadanos que se muestran contrarios a la independencia. De este modo, considera que el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont "lleva años gobernando únicamente para los independentistas" y considera que ya no se trata de un tema de independencia, sino de convivencia y paz social. De este modo ha manifestado su apoyo a los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los que "se está demonizando por defender la legalidad y cumplir el mandamiento judicial". El portavoz del PSC en la Diputación, Enric Colom, ha trasladado al pleno un manifiesto realizado en conjunto con Unidad de Aran en relación a las cargas policiales del 1 de octubre. En este se condena "las acciones de violencia injustificada contra vecinos y vecinas de los pueblos y ciudades que lo único que quieren es decidir y ejercer la democracia. Unas agresiones dictadas por el gobierno del Estado con más de 900 heridos". En este sentido, también exige al Congreso de los diputados la reprobación de los responsables políticos del operativo policial del 1 octubre "por su incapacidad al dar cumplimiento a la orden judicial de forma eficiente, diligente y sin evitar el uso de la fuerza". En última instancia, Colom ha pedido a todos los grupos parlamentarios que dialoguen, acuerden y propongan soluciones al conflicto entre España y Cataluña, con el fin, dice, de mantener la cohesión social.
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