El Ayuntamiento de Lleida ha atendido a 292 personas en el Plan Iglú desde su puesta en marcha este año, el 4 de noviembre pasado y hasta el 29 de diciembre. Este año, se han incorporado algunas novedades, como la sustitución de hamacas por camas, los servicios de consigna y lavandería, la comida completa para cenar y la ampliación del horario de apertura, de las 18 horas a las 09 horas.
El alcalde, Miquel Pueyo, se ha reafirmado en la convicción de que la ciudad necesita un equipamiento comunitario definitivo, como el que se ha proyectado en el barrio de Pardinyes. En este sentido, ha asegurado que una sociedad no puede permitir que haya personas que se queden atrás y que en este trabajo incide tanto el consistorio como el equipo de Servicios Sociales.
Pueyo ha visitado el pabellón 4 de Fira de Lleida, habilitado para acoger el servicio del Plan Iglú, y ha destacado el salto cualitativo que se ha dado. Además, ha recordado que el objetivo del proyecto es prevenir las consecuencias del frío en la población con pocos recursos y ofrecer la atención necesaria para cada situación. También ha puesto en valor la profesionalidad de los expertos de Sant Joan de Déu que lo llevan a cabo, además de las personas voluntarias de los pisos de inclusión que lo apoyan.
De las personas atendidas, 271 son hombres. Las mujeres (21) representan el 8%, un registro que, como en 2019, casi duplica el de los últimos años. La media de alojamientos en situación 1, con temperaturas nocturnas inferiores a 2ºC, es de 80 por noche. Desde que está en marcha el plan, se han registrado 44 días de activación de nivel 1. El número máximo de pernoctaciones por noche ha sido de 90. Hay que tener en cuenta que también está operativo el alojamiento de Jericó para aquellas personas especialmente vulnerables. Los datos son similares a los de los años previos a la pandemia. Por edades, el 40% por ciento de las personas alojadas son menores de 35 años. La segunda franja más amplia es de los 46 a los 60, con un 32%. En cuanto a la situación administrativa de las personas sin hogar acogidas al plan, siete de cada diez no disponen de permiso de trabajo y el 30% está en situación de irregularidad administrativa. Mientras, el trabajo coordinado entre el equipo de inclusión y la Guardia Urbana en la búsqueda de personas que pernoctan en la calle ha sumado 25 actuaciones favorables a aceptar acogerse al plan.
