Uno de los acusados de desmembrar un cadáver en Madrid para extraerle cocaína, Armando B., de origen brasileño, ha sido condenado por un delito de tráfico de drogas en Lleida. La Audiencia de Lleida lo juzgó el 19 de abril, junto con otro hombre, R. A. S., de origen dominicano, por traficar con drogas desde el bar del primero, en Lleida. Ambos reconocieron los hechos y aceptaron tres años de prisión. Se da la circunstancia de que ese día también se iba a juzgar a otro acusado por el delito de tráfico de drogas, J. P. S., pero había muerto por causas que se desconocen. Tanto J. P. S. como Armando B. estaban siendo investigados en Madrid, ya que se les relaciona con un cadáver encontrado desmembrado en Parla el 6 de mayo de 2015. Según fuentes cercanas al caso, la víctima era un hombre que trabajaba para una red de tráfico de drogas como 'mula' y logró entrar en el estado español por el aeropuerto madrileño con droga en el estómago. Al llegar a un piso que la red tiene en la capital española, una de las bolas con droga se rompió y murió.
Según las mismas fuentes consultadas por la ACN, los miembros de la red en Madrid llamaron a J. P. S. para informarle de la muerte de una de las 'mulas' y este avisó a Armando B., que se desplazó a Madrid para extraer la droga del cadáver, antes de desmembrarlo, ya que "era el especialista" de la red en llevar a cabo esta intervención sin dañar la droga. Los restos del cuerpo aparecieron dentro de tres bolsas de deporte que un vecino de Parla encontró cuando paseaba al perro. La investigación se inició en Lleida en agosto de 2015. La policía española sospechaba que desde un bar de la calle del Norte de la ciudad se traficaba con drogas. La investigación permitió relacionar a los presuntos traficantes de Lleida con una red de tráfico de drogas a nivel estatal que introducía droga en España desde Sudamérica utilizando 'mulas', personas que ingieren pequeñas bolas con droga para evitar los controles en las fronteras. Detuvieron a tres de los presuntos traficantes a finales de enero de 2016 y a dos más a principios de febrero. El caso, instruido por el Juzgado de Instrucción 2 de Lleida, derivó en una segunda fase de la investigación que permitió desarticular una red de tráfico de seres humanos a nivel estatal, principalmente mujeres que eran obligadas a prostituirse. Según pudo saber la ACN de fuentes cercanas al caso, en esta segunda fase habría más de una veintena de detenidos en todo el Estado, entre ellos en Guadalajara y también en Lleida.