La Guardia Civil ha detenido a 8 personas e investiga a un empresario de una empresa frutícola y una empresa de trabajo temporal (ETT), todos vecinos de la comarca del Baix Cinca (Huesca) y de Lleida de entre 25 y 50 años, por explotar a temporeros sin papeles en la Franja de Ponent. Los acusan de ser los presuntos autores de cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores, cuatro en contra de los derechos de ciudadanos extranjeros, cinco por usurpación de estado civil y otro por coacciones y amenazas. Según ha explicado la Guardia Civil, las víctimas eran captadas con la promesa de conseguir regularizar su situación. Una vez aquí, les retenían su documentación y parte del sueldo y su jornada laboral superaba el límite legal.
La operación, llamada 'Congestio', comenzó el pasado julio, después de que agentes de la Guardia Civil averiguaran que una empresa frutícola del Baix Cinca había acudido a una ETT para encontrar trabajadores y que parte de estos temporeros no tenían papeles. Así, los trabajadores recibían instrucciones de esconderse o de huir del lugar de trabajo si aparecían inspectores de trabajo en la finca.
También averiguaron que la empresa frutícola, a través de una persona que aportaba trabajadores a la misma empresa y también a la ETT, proporcionaba mano de obra sin papeles mediante la suplantación de identidad de otras personas y que todas las partes implicadas tenían conocimiento de los hechos. Esta persona gestionaba los trámites entre las víctimas y la ETT y se deducía un importe del sueldo de cada trabajador aprovechando la situación de precariedad de los temporeros.
Los trabajadores eran captados con la promesa de regularizar su situación en el país y una vez en el lugar les retenían su documentación personal para dificultar que se pudieran mover libremente. Asimismo, eran explotados laboralmente, sin contrato y contraprestaciones económicas por su trabajo. La jornada laboral también excedía los límites legales y no tenían descansos.
Además, las víctimas eran alojadas en viviendas que no reunían las mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad.
Finalmente, efectivos de la Guardia Civil de Fraga detuvieron a las 8 personas e investigar al empresario de la compañía frutícola y a una ETT como supuestos autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por usurpación de estado civil y por coacciones y amenazas. Los detenidos quedaron en libertad con cargos después de pasar por el Juzgado de Instrucción de Guardia de Fraga, mientras que los investigados deberán presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.