El Congreso aprueba revisar la señalización viaria con el topónimo "Lérida" para sustituirlo por "Lleida"

La Comisión de Seguridad Vial pide un inventario de los rótulos existentes y un calendario para corregir toda la señalización que todavía no utiliza el nombre oficial de la provincia

24 de septiembre de 2026 a las 08:36h

El Congreso de los Diputados ha aprobado, a propuesta del grupo Republicà, una iniciativa para que el Estado revise y sustituya progresivamente la señalización vial que todavía utiliza la denominación "Lérida" en lugar del nombre oficial "Lleida".

Inventario de los letreros y calendario de sustitución

La iniciativa, aprobada esta tarde, se ha votado en la Comisión de Seguridad Vial de la cámara baja, y reclama que se haga un inventario de los letreros existentes y que se establezca un calendario para corregir esta situación.

La propuesta pide que la revisión abarque toda la señalización vial: carreteras, autovías, accesos, enlaces y paneles de orientación, así como la señalización provisional vinculada a obras y desvíos o aquella gestionada por concesionarias.

Inés Granollers: "no se trata de una cuestión de gustos ni de interpretaciones políticas"

La diputada y portavoz en la mencionada comisión, Inés Granollers i Cunillera, recuerda que la denominación oficial de la provincia es "Lleida" desde el año 1992, y ha añadido que "no se trata de una cuestión de gustos ni de interpretaciones políticas, sino de garantizar que las administraciones públicas utilicen la denominación oficial establecida por la legislación".

La iniciativa republicana también plantea que, después de más de treinta años, "no se puede continuar justificando la existencia de letreros con una denominación que ya no es la oficial y reclama que no se instale ninguno nuevo".

Normalidad institucional y respeto a la legalidad

La diputada de Bellpuig Inés Granollers ha defendido que "Lleida se llama Lleida, y las carreteras que llevan a Lleida también lo deben decir", y considera que la sustitución de las señales es una cuestión de normalidad institucional y de respeto a la legalidad.

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