La comunidad de propietarios de Tor ha salido al paso de las acusaciones de algunos vecinos contrarios a la restricción de vehículos en la pista que conecta el pueblo con Alins y el Port de Cabús, en la frontera con Andorra.
La comunidad asegura que la decisión de limitar la circulación a vecinos y personas autorizadas se aprobó en una reunión de la junta celebrada en marzo pasado y que contó con el apoyo de una "amplísima mayoría". Según los propietarios, 10 copropietarios votaron a favor.
La medida llega después de dos años de debate sobre los límites de circulación por esta pista forestal. Los vecinos aseguran que el aumento de visitantes a raíz de la popularidad de Tor ha incrementado el tráfico de coches, motocicletas y bicicletas durante los meses de verano.
Los vecinos alertan de los riesgos del camino
La pista es un camino de montaña sin asfaltar que presenta tramos de dificultad. La comunidad defiende que la restricción se adoptó tras recibir asesoramiento jurídico de varios abogados y ante el temor de que cualquier accidente pueda acabar generando responsabilidades para los propietarios.
Los vecinos recuerdan especialmente el accidente mortal que sufrió un ciclista extranjero hace dos años. A pesar de que la caída se produjo fuera de la propiedad de Tor, los propietarios aseguran que el caso reforzó la preocupación por las posibles responsabilidades derivadas de la circulación por la zona.
Según la comunidad, tras aquel accidente el Consorci Forestal de Catalunya, con sede en Solsona, les habría recomendado instalar carteles para limitar el paso a vecinos y personas autorizadas.
Los carteles desaparecieron el mismo día
La junta de copropietarios celebra dos reuniones anuales y en el encuentro de finales de marzo aprobó la instalación de dos señales homologadas en los accesos a la pista.
Los carteles se colocaron hace unas tres semanas en los accesos de Alins y del Port de Cabús, pero, según la comunidad, desaparecieron el mismo día.
Los propietarios también aseguran que durante la instalación de las señales recibieron amenazas de muerte por parte de Pablo Moreno, de casa Palanca, que no habría asistido a la reunión de la junta donde se aprobó la restricción.
La comunidad defiende así la legitimidad del acuerdo e insiste en que la limitación de la circulación responde a los riesgos asociados al incremento de visitantes y a las características de la pista de acceso a Tor.
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