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La Audiencia de Lleida ha abierto este viernes el juicio contra John David C.G., acusado de haber matado al taxista Mohamed Ezzeraiga en abril de 2022, con la constitución del jurado popular, formado por seis mujeres y cinco hombres.
En la primera sesión, la Fiscalía ha mantenido la petición de 22 años y medio de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, ha elevado la solicitud hasta los 23 años de prisión. Las dos acusaciones sostienen que el hombre atacó al taxista por sorpresa y a traición y que le clavó 27 puñaladas.
Durante los alegatos iniciales, la fiscal Pilar Mesalles ha situado los hechos hacia la 1:48 horas de la madrugada del 10 de abril de 2022. Según su relato, el acusado, que ahora tiene 24 años, subió al taxi de la víctima en la parada de la avenida de Blondel y le pidió que lo llevara hasta la Bordeta.
La agresión, según la Fiscalía, comenzó en la calle Sifó
La versión del Ministerio Público apunta que, unos diez minutos después, cuando circulaban por la calle Sifó, el acusado atacó al taxista con un cuchillo de 14 centímetros de hoja. La Fiscalía defiende que primero lo hizo por la espalda, desde el asiento trasero, y que después pasó a la parte delantera del vehículo para continuar apuñalándolo mientras la víctima intentaba huir y pedía auxilio.
El taxista consiguió salir del coche, pero acabó desplomándose en la misma calle de la Bordeta después de recibir las 27 puñaladas, que afectaron a órganos vitales como el corazón y el pulmón. La muerte se produjo de madrugada en el hospital, como consecuencia de un shock hemorrágico.
La acusación sostiene, además, que el arma del crimen era un cuchillo profesional asignado por la empresa cárnica donde había trabajado el acusado y que presuntamente se quedó al dejar el trabajo. El objeto fue localizado en un contenedor de la travessera d’Extremadura, con restos de sangre y ADN de la víctima en la hoja, y material genético del procesado en el mango.
Los Mossos d’Esquadra también obtuvieron muestras de saliva de una lata que el acusado habría tirado a la basura y de una escupida en la vía pública. Según las acusaciones, estas muestras dieron un resultado coincidente con el perfil genético encontrado en el arma.
La Fiscalía habla de alevosía y ensañamiento
La fiscal ha defendido que los hechos constituyen un asesinato con alevosía porque la víctima no podía esperar la agresión mientras trabajaba y transportaba a un pasajero, y con ensañamiento porque, según la acusación, el ataque se alargó de manera deliberada e innecesaria. “No tenemos un testigo de los hechos, pero para eso tenemos la prueba de indicios”, ha señalado Mesalles.
La petición de la Fiscalía incluye, además de la pena de prisión, 5 años de libertad vigilada y una indemnización de 296.192,76 euros para la viuda y los dos hijos de la víctima, que entonces tenían tres años y siete meses, respectivamente.
La acusación particular eleva la petición hasta los 23 años
La acusación particular, ejercida por la familia y representada por el abogado Carles López, ha pedido 23 años de prisión y 8 años de libertad vigilada. También ha solicitado que se le prohíba acercarse a la viuda y a los hijos, así como una indemnización de 430.000 euros, repartidos en 130.000 euros para la mujer y 150.000 euros para cada uno de los dos menores, además de los gastos de repatriación y entierro del cuerpo en Marruecos, de donde era originario el taxista.
El abogado ha destacado las consecuencias que la muerte ha tenido para la familia y ha admitido que probablemente no cobrarán la indemnización, ya que el acusado ha sido declarado insolvente. En todo caso, ha remarcado que representa sobre todo los intereses morales y la dignidad de los familiares. También ha recordado que los dos hijos eran muy pequeños cuando perdieron al padre.
Sobre la agresión, López ha defendido que el ensañamiento queda acreditado por las 27 puñaladas y porque el ataque continuó cuando la víctima ya intentaba huir. “No hacían falta 27 puñaladas”, ha remarcado.
La acusación particular ha asegurado, igualmente, que el procesado no tenía ningún vínculo previo con la víctima y ha afirmado que tiene el “pleno convencimiento” de que fue el autor de los hechos. López ha añadido que sería aún peor que una persona inocente fuera condenada mientras el verdadero culpable continuara en la calle. Sobre el móvil del crimen, ha admitido que no se ha podido aclarar y que “a la familia lo que más duele es no saber el porqué”.
Por su parte, Fraternidad-Muprespa, la mutua que ejerce la acción civil, se ha adherido a las calificaciones de la Fiscalía. La entidad ha informado de que ha ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social un capital coste de 282.668,38 euros para financiar las pensiones de los beneficiarios del trabajador fallecido.
La defensa reclama la absolución
La abogada de la defensa, Elena César, ha pedido la absolución y ha rechazado que los hechos se hayan producido tal como los describen las acusaciones, sin avanzar ninguna versión alternativa. La letrada ha cuestionado que la coincidencia genética y el resto de elementos recogidos durante la investigación permitan concluir que el procesado fue quien utilizó el cuchillo para matar al taxista.
Por ello, ha pedido a los miembros del jurado que valoren cada prueba por separado y no den por acreditada la autoría a partir de la suma de indicios. “No hay ni una sola prueba que acredite que fuera él quien apuñaló a la víctima”, ha afirmado.
César ha recordado que el acusado no fue detenido hasta octubre de 2023, dieciocho meses después del crimen, y ha insistido en que es la acusación quien debe demostrar su culpabilidad. “Él no tiene que demostrar que es inocente, la ley ya se lo reconoce; son las acusaciones con las pruebas las que lo tienen que demostrar”, ha dicho.
La letrada también ha añadido que la familia de la víctima merece conocer la verdad y que se haga justicia, pero ha advertido de que condenar a una persona equivocada tampoco repararía el daño.
El juicio está previsto que continúe al menos hasta el viernes de la semana que viene con la práctica de la prueba testifical y pericial. Están citadas personas del entorno de la víctima y del acusado, los responsables de la empresa cárnica donde trabajó el procesado y una docena de agentes de los Mossos d’Esquadra. El acusado declarará en último lugar, el jueves, después del resto de pruebas.
