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La Asociación Afroecuatoguineana de Integración Sociocultural (AFICU) ha denunciado este jueves ante la Subdelegación del Gobierno español en Lleida lo que considera un "colapso" del sistema de citas previas para realizar trámites de extranjería. La entidad asegura que la falta de citas disponibles, tanto en Lleida como en el conjunto de Cataluña, está provocando retrasos de hasta once meses en procesos que, según denuncia, deberían resolverse en unos tres meses.
La situación afecta tanto a personas que deben renovar el permiso de residencia o trabajo como a migrantes que han obtenido por primera vez una resolución favorable a través de la regularización extraordinaria.
AFICU atribuye el colapso a la falta de planificación
La entidad considera que la situación se ha agravado a raíz de la regularización extraordinaria de migrantes y atribuye la falta de citas a una insuficiente planificación y financiación de las oficinas de extranjería por parte del Gobierno español.
El vicepresidente de AFICU, Gerardo Obiang, señala que el problema afecta tanto a personas que ya hace tiempo que viven y trabajan en el Estado como a otras que han recibido recientemente una resolución favorable para poder residir y trabajar en él.
"El Estado reconoce el derecho de miles de personas a vivir en España y después impide ejercerlo", ha afirmado Obiang.
Un proceso de tres pasos que puede alargarse casi un año
Según explica AFICU, la obtención o renovación del permiso de residencia o trabajo implica tres trámites consecutivos.
En primer lugar, hay que presentar la solicitud y esperar la resolución, que tiene un plazo legal de tres meses y que, según la entidad, puede llegar a alargarse hasta el doble. Después hay que obtener una cita para la toma de huellas digitales y, finalmente, una nueva cita para recoger la tarjeta física.
La falta de disponibilidad de citas hace que todo el proceso pueda acabar alargándose entre diez y once meses, según denuncia la asociación.
Las dificultades para acceder a un trabajo o una vivienda
AFICU alerta de que los retrasos administrativos tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana de las personas afectadas, especialmente a la hora de mantener o acceder a un trabajo, encontrar una vivienda u operar con una cuenta bancaria.
"No podemos ejercer nuestros derechos y cuando puedes ya has tenido que sufrir muchas consecuencias y has tenido que perder un trabajo o estás en la calle porque no has podido firmar un contrato de alquiler. Es insostenible y cada día es peor", ha asegurado el secretario de Organización y Comunicación de AFICU, Domingo Morales Bacale.
Proponen citas automáticas y un documento provisional
Para intentar reducir los plazos, la entidad plantea dos medidas que considera aplicables de manera inmediata.
La primera es que la resolución administrativa incorpore automáticamente la fecha de la cita para la toma de huellas. Una vez realizado este trámite, proponen que sea la misma administración quien notifique de oficio la cita para recoger la tarjeta física.
La segunda medida consiste en expedir, mientras dure el proceso, un documento provisional con plenos efectos jurídicos. El objetivo sería evitar que las personas afectadas queden en un vacío administrativo que les dificulte acceder a un trabajo o a una vivienda.
La entidad prepara nuevas acciones de denuncia
Para hacer visible la situación, AFICU ha difundido un vídeo de denuncia en las redes sociales.
La asociación también ha anunciado una reunión con otras entidades, entre las cuales FOCCS, CGT, CCOO y Fruita amb Justícia Social, para abordar conjuntamente el problema y decidir las próximas acciones que emprenderán para reclamar una solución al colapso de las citas de extranjería.
