La Audiencia de Lleida ha condenado a dos hombres y dos mujeres, nacidos en Nigeria, acusados de traficar con mujeres nigerianas, que llevaban a Lleida y obligaban a prostituirse tanto en Lleida como en otras ciudades españolas y europeas. La sala ha condenado al principal acusado, O. A., a siete años y medio de prisión por un delito de tráfico de seres humanos, en concurso con un delito de prostitución coactiva y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Da credibilidad a las declaraciones de dos testigos protegidas y considera probado que O. A. las engañó para llevarlas a España y obligarlas después a ejercer la prostitución para pagar una presunta deuda por el viaje. La Audiencia de Lleida también juzgó a cinco personas más acusadas de dedicarse, presuntamente, a trasladar y controlar a las chicas. La sala ha condenado a la pareja del principal acusado, G. A., a seis años y medio de prisión por el mismo delito que O.A. También condena a P.O. a cinco años de prisión por un delito de tráfico de seres humanos y a A. K. A. a tres años de prisión como autora de un delito de conspiración para cometer el delito de tráfico de seres humanos. La Audiencia de Lleida ha absuelto a los otros dos acusados, un hombre y una mujer, U. S. y M. O. A.
Durante el juicio, celebrado el 26 y el 27 de abril en la Audiencia de Lleida, el principal acusado negó todas las acusaciones. Explicó que una de las testigos protegidas, que no declaró en el juicio porque ya ha muerto a causa de una enfermedad, fue pareja suya y que cree que le acusa de esto para vengarse ya que él la dejó. En cuanto a la otra testigo protegida, O. A. asegura que sólo la vio una vez, cuando la fue a buscar a la estación de tren de Lleida. Según explicó, su novia, que vivía en Francia, le pidió que la fuera a buscar, porque era la pareja de su hermano, y que la acompañara hasta la tienda que su tía tenía en el barrio de la Mariola de Lleida pero que no la volvió a ver más. La fiscalía acusaba a él, O. A., y a su novia, G. A., ambos en prisión preventiva, de ser los cabecillas del grupo criminal que operaba desde Lleida. G. A. también negó los hechos y explicó que ella se dedicaba a la prostitución pero que no participó nunca en la reclusión ni explotación de otras mujeres. En cuanto al resto de acusados, la fiscalía les acusaba de colaborar trasladando a las chicas o comprándoles billetes de tren, pero todos negaron su implicación en la red y explicaron que no sabían a qué se dedicaban las chicas. El ministerio público pedía 24 años de prisión al principal acusado y 12 años a los otros cinco encausados, a quienes acusaba de formar parte de una organización criminal. La Audiencia ha rebajado considerablemente las penas finales impuestas, en parte, porque considera que no queda probado que actuaran como una organización criminal.
