Cerca de 200 catedráticos de más de un centenar de universidades y 24 países diferentes han dirigido dos cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "para exigirles una actuación inmediata a favor de la libertad del rapero catalán Pablo Hasél".
La iniciativa ha sido liderada por los catedráticos eméritos Dominic Keown y Henry Ettinghausen, de las universidades de Cambridge y Southampton, respectivamente, y ha tenido el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Pen Club Català y la Comissió de la Dignitat.
En las cartas, consultadas por Europa Press, los firmantes lamentan que el 15 de febrero de 2026 el artista cumplió su quinto año en prisión y enfrenta 14 meses más, y entre ellos figuran la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, y el expresidente de la (ANC), Lluís Llach.
UNA CONDENA DISCUTIDA
El motivo principal de su encarcelamiento, subrayan, es "la supuesta calumnia, en tuits y canciones, contra la Corona y las instituciones del Estado" y señalan que las Naciones Unidas afirmó que estos delitos no tienen cabida en una democracia.
Añaden que diferentes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, así como expertos legales, han criticado su encarcelamiento al entender que se trata de "una clara negación de la libertad de expresión y un abuso de los derechos humanos".
"En nombre de estos profesores de más de cien universidades de todo el mundo, les instamos a reflexionar sobre la vergonzosa anormalidad democrática que supone para un país considerado democrático mantener a Pablo Hasél en prisión" y piden a ambos que den los pasos necesarios para asegurar su inmediata libertad.
La Audiencia Nacional condenó en 2018 al rapero a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, con el agravante de reincidencia, y injurias y calumnias contra la Corona por ensalzar a miembros de las bandas terroristas ETA y Grapo en su perfil de Twitter.
El músico ya había sido condenado en 2015 a dos años de prisión por el Tribunal Supremo, también por un delito de enaltecimiento del terrorismo, al difundir a través del canal de Youtube varios temas en los que elogiaba a miembros de los Grapo y ETA.
Además, en 2020 fue condenado a 6 meses de prisión por agredir a un periodista de TV3 durante una rueda de prensa en la Universitat de Lleida y dos años y medio por amenazar a un hombre que declaró como testigo en un juicio.