La Plataforma Antirrepresiva de Poniente volvió a salir a las calles el pasado viernes 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres, en una acción en la ciudad de Lleida con la colgada de varios carteles que denunciaban la situación de las presas políticas, especialmente las gravemente enfermas.
“El estado fascista español las quiere exterminar en la cárcel para luchar por nuestros derechos y libertades. Por eso, como cada año, salimos a las calles a reivindicar a las presas políticas antifascistas que más han luchado porque disfrutamos de vidas dignas y por la emancipación de la mujer trabajadora“, afirmaba en un mensaje en las redes sociales la plataforma.
Concretamente, en los carteles colgados aparecen varias tomas políticas conocidas en todo el territorio.
Por ejemplo, el caso de María José Baños, toma política de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) que desde hace años se encuentra en la cárcel de Valencia y ha denunciado sufrir diversas enfermedades graves que requieren de un tratamiento sanitario urgente, o también el caso de Mónica Refoxos Pérez, también presa política de los GRAPO.
También con pintadas en las paredes y un mensaje: “¡Obreras secuestradas por luchar por vidas dignas! ¡Hay que arrancarlas de las garras del fascismo!”. La plataforma pide la aministía total, ya que “luchar por su libertad también es luchar por la nuestra”.
CASO ADRIÁN SAS: podría convertirse en el primer preso político por el 1 de Octubre
Por otro lado, hoy se ha visto otro cartel en torno al Campus de la Universidad de Lleida con el siguiente mensaje: “Hoy, 12 de marzo, el Tribunal Supremo decidirá si el Adrián Sas entra en prisión”.
Adrián Sas puede convertirse en el primer preso político de las movilizaciones del Primero de Octubre.
El despiste comenzó un día de diciembre de 2018, cuando Sas paseaba con su padre por Vilafranca del Penedès. De repente, unos cuantos agentes de los Mossos d’Esquadra los rodearon y se lo llevaron detenido. Así comenzaba su proceso judicial, que ha acabado con una condena a tres años, seis meses y un día de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y un delito de lesiones leve, además de una sanción económica.
Fue juzgado en la Audiencia de Barcelona, acusado de haber dado golpes a la policía en las protestas del primero de octubre de 2018, primer aniversario del referéndum. La Generalitat se personó en el caso como acusación particular y pidió cinco años y medio de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya desestimó el recurso de apelación contra la sentencia. Y ahora sólo falta la decisión del Tribunal Supremo español.
