lunes, 17 de febrero de 2025
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Griñó niega irregularidades en la importación de residuos italianos en Cataluña que investiga la Guardia Civil

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Guàrdia Civil abocament Griñó
Agents del Seprona de la Guàrdia Civil durant la inspecció a un abocador en el marc de l’operació ‘Rifiuti’.

El grupo Griñó, la empresa leridana investigada por la Guardia Civil por el presunto vertido ilegal de basura procedentes de Italia en Cataluña y en Cuenca, defiende la legalidad de esta actividad y niega “de forma categórica las acusaciones sobre sus empleados y las sociedades del grupo”. En un comunicado hecho público este lunes, la empresa señala que el traslado de residuos transfronterizos es “perfectamente legal” y no llega al 2,5% de su actividad de negocio. En este sentido, la compañía afirma que hay 38 empresas en Cataluña que se dedican a la importación de unos 2 millones de toneladas de residuos cada año, mientras que las acusaciones contra ellos están relacionadas con el traslado “de apenas 40.000 toneladas al año”.

Griñó defiende que las empresas de su grupo disponen de las autorizaciones y los permisos de las administraciones públicas para la gestión de residuos, y de las autorizaciones de traslado de residuos de otros países europeos. Además, asegura que están sometidas a inspecciones y controles periódicos, y que ofrecerá la máxima colaboración con la justicia.

La Guardia Civil había informado del hallazgo de residuos peligrosos y tóxicos entre las más de 40.000 toneladas anuales de basura que se habrían vertido ilegalmente a los vertederos de Lleida, Constantí y Riba-roja d’Ebre, y Almonacid del Marquesado, en Cuenca, desde 2021. Por el contrario, según Griñó “en ningún caso se trata de materiales o residuos tóxicos, ni peligrosos para la salud o el medio ambiente”.

La empresa leridana cita un comunicado de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) que afirmaba que no se habían detectado residuos no autorizados en las nueve inspecciones realizadas en la planta de tratamiento de Constantí en los últimos cuatro años, ni en las 46 inspecciones realizadas en el depósito controlado de Riba-roja en el mismo periodo.

“Algunas de las valoraciones procedentes del atestado policial no tienen más valor que el de una denuncia sin ninguna prueba. Durante el proceso el Grupo Griñó demostrará que su actividad empresarial se ha ajustado en todo momento a la legislación nacional e internacional, y que las acusaciones, que dañan gravemente su reputación, carecen de fundamento”, añade el comunicado empresarial.

Quince detenidos

Las investigaciones de la Guardia Civil arrancaron tras detectarse la entrada de residuos con documentación presuntamente falsificada y que serían destinados a vertederos de Cataluña y Castilla la Mancha sin haberse tratado previamente. Según la investigación, los investigados habrían cobrado más de 19 millones de euros de las empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de los desechos y ahorrarse dinero en su país.

En el marco de la operación ‘Rifiuti’, a mediados de enero se detuvo e investigaron a 15 personas físicas y siete jurídicas a quienes la Guardia Civil acusa de pertenecer a una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos de origen urbano. El juzgado de instrucción 4 de Tarragona dejó en libertad provisional a seis de los detenidos por los delitos de falsedad documental y contra el medio ambiente.

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