Los funcionarios de prisiones están bloqueando los accesos a varias cárceles catalanas para impedir los cambios de turno como señal de protesta por el asesinato el miércoles de una trabajadora en Mas d’Enric, en El Catllar, presuntamente en manos de un preso que luego se suicidó.
Desde primera hora de la mañana hay concentraciones confirmadas en las cárceles de Quatre Camins, Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona), Mas d’Enric (Tarragona) y Ponent (Lleida).
En Lleida, los funcionarios no dejan entrar a nadie en prisión hasta que dimita la cúpula del servicio penitenciario. En este sentido, los representantes de los trabajadores del Centro Penitenciario de Poniente han explicado que dentro solo están los 14 trabajadores del turno de noche, que están haciendo los servicios mínimos, y que a primera hora sólo han dejado entrar a tres enfermeras para que pudieran administrar las medicaciones a los internos. Ahora, valoran si relevarán a los 14 funcionarios del turno de noche.
Los trabajadores tienen la intención de no dejar que los presos salgan a desayunar, sino servirlos en las celdas; y que tampoco se hagan los talleres y otras actividades exteriores programadas. En este sentido, tampoco quieren dejar hacer las salidas a juzgados ni que entren las visitas.
Los Mossos d’Esquadra se han desplazado hasta los accesos de varios centros penitenciarios, donde están haciendo cortes antes de la protesta para evitar que el colapso sea mayor.
En este sentido, el preso que el miércoles mató a una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric del Catllar había sido expedientado hace unos meses por una agresión a otro recurso. A raíz de este expediente, el hombre fue apartado de la cocina temporalmente pero se le permitió volver una vez superada la sanción interpuesta.
Este jueves, unos 200 funcionarios se concentraron ante la Consejería de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat al grito de “asesinos” convocados por seis sindicatos del sector con representación, que también lanzaron huevos, y pintura roja a la fachada y pidieron la dimisión de la consejera Gemma Ubasart.
En Lleida centenares de funcionarios del Centro Penitenciario Poniente salieron a la calle para decir “bastante” y denunciar la “dejadez” de la administración al llevar años denunciando el aumento de las agresiones.
