El avance del nuevo POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal) de Vilanova i la Geltrú prevé que la ciudad destinte más terrenos a la actividad industrial y la vivienda, con un tope de 7.000 pisos nuevos hasta 2045.
La intención es que haya un máximo de 300 viviendas nuevas cada año y que al menos un 40% sea de acceso asequible, según ha detallado este martes el gobierno municipal, que ha defendido que hace falta más industria y pisos porque se estima que la ciudad incorporará 15.000 vecinos en las próximas dos décadas, llegando aproximadamente a un censo de 85.000 villanovenses.
El ejecutivo local ha recordado que el planeamiento vigente es de 1981 con una única revisión a fondo en 2001, “un modelo que ha terminado y que requiere abrir puertas a un nuevo escenario”.
“Es evidente que la ciudad tenía unas necesidades diferentes en 2001 que en 2025, en las que tenemos nuevos retos”, ha defendido el alcalde, Juan Luis Ruiz, que ha resaltado que el nuevo dibujo proyecta un municipio “donde se va a poder vivir y trabajar, sin que nadie se sienta expulsado”. En este sentido, el gobierno ha recalcado que actualmente en Vilanova “se está agotando el sol para vivienda” mientras que prácticamente no queda solo para atraer nueva actividad económica, “dos necesidades urgentes a resolver”.
En clave residencial, el avance del POUM marca un “crecimiento sostenido” en el que la ciudad incorpore unas 300 viviendas nuevas cada año, “para responder a las demandas de crecimiento, sobre todo de aquella gente que proviene del área metropolitana de Barcelona”. Esto sitúa un tope de 7.000 viviendas nuevas en 2045, una cifra que el concejal de Urbanismo, Gerard Llobet ha situado “como previsión, no como objetivo final”. “No se construirán si no hacen falta”, ha remarcado, al tiempo que ha asegurado que al menos un 40% de los nuevos pisos deberán ser de precio asequible.
En paralelo a la ampliación de la oferta residencial, el Ayuntamiento quiere aprovechar el nuevo POUM para resolver la alegalidad en la que se encuentran una veintena de urbanizaciones periurbanas, en algunas de las cuales hay asentamientos situados en zonas con alto riesgo de inundaciones. La intención es “revitalizar y consolidar” estas áreas “para transformarlas en barrios” en la medida de lo posible.
La C-31, nueva avenida industrial
En el ámbito económico, el gobierno está “obsesionado” en generar nuevo suelo para atraer empresas “limpias, sostenibles y resilientes”. Llobet ha recordado que la revisión del planeamiento urbanístico realizada en 2001 “situaba el turismo como principal objetivo”, y ha asegurado que la nueva planificación ahora quiere focalizarse en la industria como pilar central para generar actividad y puestos de trabajo.
Aunque el avance del POUM no concreta terrenos a recalificar, el gobierno sí ha avanzado la voluntad de convertir la variante C-31 en una especie “de avenida urbana” con carriles laterales que den acceso a nuevas industrias. “Tiene que convertirse en una vía potente que vertebre todo el sistema urbano en horizontal”, ha augurado Llobet, mientras también ha destacado la intención de reimpulsar la actividad del puerto.
Llobet ha defendido que ideen un futuro “posibilista”. Lo ha contrapuesto así a la proyección “desorbitada” de 2001, cuando se previó que la ciudad llegaría a los 130.000 habitantes en dos décadas, “un escenario que evidentemente queda descartado”. Según Llobet, ahora se estima que el censo será de unos 85.000 habitantes en 2045 y ha defendido que junto a la ampliación del parque de vivienda y del crecimiento de la industria, haya más servicios e infraestructuras, “que casi no han cambiado en los últimos veinte años”.
“Estamos planteando un equilibrio entre el crecimiento, la protección del territorio y la generación de actividad económica”, ha resumido el regidor, subrayando que la intención es “garantizar que el impacto ambiental sea el mínimo posible, a diferencia de la planificación de los últimos 40 años”.
Aprobación inicial en 2027
El gobierno tiene previsto abrir un periodo de dos meses de exposición pública del avance del nuevo POUM, “para buscar el máximo consenso posible“. Este proceso de discusión, el encargo de varios informes urbanísticos a otras administraciones y abrir la licitación para redactar el POUM definitivo son tres cuestiones que se votarán en el pleno municipal del lunes próximo.
El gobierno ha admitido que la redacción y aprobación del POUM será un proceso largo, pero se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que el pleno valide su aprobación inicial antes de que acabe la legislatura en mayo de 2027 —la mayoría que suman el ejecutivo formado por PSC y Comunes sería suficiente para aprobarlo—. Si se cumpliera este plazo, el ejecutivo calcula que el periplo de resolución de alegaciones y validación definitiva por parte de la Generalitat se podría alargar muy bien dos años, de manera que en el mejor de los casos el nuevo POUM entraría en vigor en 2029.
Con todo, Llobet ha apuntado que “la ciudad no puede estar paralizada hasta la aprobación definitiva”, por lo que ha garantizado que el gobierno trabajará para hacer varias modificaciones puntuales con previsión de que posteriormente queden consolidadas en el nuevo POUM. Es el caso, por ejemplo, de la legalización de algunas urbanizaciones periurbanas, de los cambios urbanísticos para ejecutar los convenios para proteger la Playa Larga y de un plan parcial que posibilite la construcción de un nuevo hospital si el Departamento de Salud anunciara esta inversión.
