El gobierno de Vilanova y la Geltrú ha aprobado un protocolo de actuación para desalojar los ocupas conflictivos que viven en viviendas de un gran tenedor -propietarios con más de diez inmuebles en la ciudad-. El alcalde, Juan Luis Ruiz , ha dicho que las ocupaciones son “un problema social” pero ha resaltado que hay “casos concretos” que son un foco de conflictos de convivencia, por lo que ha defendido que el Ayuntamiento pueda pedirla ne el desalojo. Así, el protocolo establece que si la policía tiene informes que constatan actividad delincuencial o problemas de convivencia derivados de la ocupación de un piso, el Ayuntamiento pedirá al propietario que active el desalojo . Si no lo hace, será el consistorio quien de oficio lo pedirá en los juzgados.
El gobierno ha resaltado que este protocolo se enmarca en la ley de la vivienda aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados , y ha apuntado que es una herramienta “preventiva” a la hora de evitar conflictos en la ciudad. A pesar de esta prevención, el gobierno también ha admitido que existen “casos puntuales” en diferentes lugares de la ciudad en los que prevé aplicar este protocolo porque hay ocupas conflictivos desde hace años. “Y ahora podremos actuar”, celebró el alcalde, Juan Luis Ruiz.
El nuevo protocolo aprobado este martes establece que el Ayuntamiento podrá pedir la actuación del juzgado para desahuciar a los ocupas si se constata una alteración grave de la convivencia, problemas graves de orden público, un peligro grave por la integridad del edificio o un uso adecuado del inmueble. ” Son cuatro supuestos sobre los que podemos actuar porque tenemos el deber de asegurar la seguridad del inmueble “, ha defendido la concejala de Vivienda, Iolanda Sánchez.
El procedimiento prevé la coordinación de la concejalía de Vivienda, la Policía Local, los servicios jurídicos y la concejalía de Acción Social, “para poder actuar con máximas garantías y asegurar agilidad en todo el proceso”, ha dicho Sánchez.