La Policía Local de Vilanova i la Geltrú ha realizado a lo largo de este 2024 un total de 38 intervenciones por avisos de ocupaciones de viviendas.Esto quiere decir que durante estos seis meses se han impedido nuevos intentos de ocupación ilegal gracias a la intervención policial.
Algunas de las intervenciones son casos reincidentes.También, en algunas de ellas, se han abierto diligencias judiciales.También se han realizado vigilancias preventivas periódicas en los edificios que ha adquirido el INCASOL para poder ofrecer alquiler social como es el caso del edificio de la calle de Fuensanta y el de la rambla de Sant Jordi.Y también ha habido vigilancias puntuales en pisos determinados a petición del Departamento de Vivienda del Ayuntamiento para aquellos cambios de usuarios de alquiler social donde se ha observado que había riesgo de ser ocupado.
En un 41% de los casos, cuando se han podido identificar a los presuntos autores, se han instruido diligencias judiciales por delitos leves.En este sentido, la Policía Local puede llevar a cabo el desalojo voluntario por este delito leve o bien por desobediencia a la autoridad cuando las personas implicadas son achacadas en el momento de cometer el delito.
La intervención policial se puede producir cuando se dan criterios como que el inmueble no es la vivienda de la persona ocupante y entra con intención de permanecer en ella; cuando se es ajeno al inmueble o si no hay una autorización o voluntad de tolerar esta ocupación.Otro criterio es cuando se produzca esta invasión de manera fraudulenta (dolosa) pero no violenta.
Según explica la Policía Local, el hecho de poder intervenir en el momento de cometerse el delito es determinante para decidir si se puede solicitar el desalojo inmediato o si sólo se puede identificar a los ocupantes para instruir judicialmente por un delito leve de usurpación de bienes inmuebles.En este caso son muy importantes aspectos como la inmediatez del empleo, o sea que se haya producido en un periodo corto de tiempo.
También es importante que exista la presencia de los ocupantes dentro del inmueble durante la intervención. Es clave que el aviso de empleo se reciba rápidamente después de haberse cometido el hecho.Y también son los testigos, así como los daños observados para acreditar la naturaleza del delito.La ocupación delincuencial a menudo se moviliza y proporciona asesoramiento para intentar neutralizar y enmascarar la situación de delito flagrante en los casos de ocupación ilegal.Esto incluye instrucciones sobre cómo evitar la detección inmediata por parte de las autoridades y sobre la gestión de los tiempos para dificultar la demostración del reciente empleo, minimizando así la posibilidad de una intervención policial rápida y efectiva.
Hay que tener en cuenta otras situaciones especiales, donde no se contemplan situaciones de violación de domicilio (donde se incluyen las segundas residencias), o en los casos de inmuebles en ruinas o abandonados con riesgo, en los que se puede proceder a un desalojo inmediato por motivos de seguridad, o en conflictos de vivienda entre partes.En este último caso se resuelven por vía civil, y la policía desempeña un papel de asesoramiento y mediación.
A menudo, la intervención policial es requerida por vecinos afectados por conexiones indebidas a suministros, daños a propiedades, y problemas de inseguridad o actos incívicos.Por otro lado, es habitual que los autores de las ocupaciones estén vinculados a grupos u organizaciones criminales, que hacen negocio con la ocupación ilegal, vendiendo llaves o cobrando "alquileres" de forma ilegal.
