La Universidad de Girona (UdG) ha endurecido su normativa académica para reforzar la lucha contra el fraude en exámenes y trabajos universitarios. El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación de la Normativa de los procesos de evaluación y calificación de los estudios de grado y máster que prohíbe el uso de cualquier dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación. La nueva regulación ha entrado en vigor este miércoles.
La universidad ya ha abierto los primeros expedientes a estudiantes que presuntamente habrían utilizado dispositivos electrónicos para resolver ejercicios durante pruebas de evaluación. Según la UdG, cualquier conducta fraudulenta en exámenes, trabajos finales de grado (TFG) o trabajos finales de máster (TFM) comportará el suspense automático de la prueba con una calificación de cero.
Además, la universidad advierte que, independientemente de la nota, se podrá iniciar un procedimiento disciplinario contra el estudiante implicado. De acuerdo con la Ley de Convivencia Universitaria, estas sanciones pueden ir desde la suspensión de la asignatura hasta la expulsión temporal de la universidad.
Según ha informado la UdG en un comunicado, la reforma responde al aumento del uso de tecnologías digitales que han facilitado nuevas formas de fraude académico entre los estudiantes. Con la nueva normativa, la universidad quiere concretar y ampliar los supuestos de plagio y conducta fraudulenta para evitar interpretaciones desiguales entre los diferentes centros.
El nuevo redactado del artículo 21 establece como conducta fraudulenta “la utilización, el intento de utilización o la tenencia de cualquier sistema, dispositivo o tecnología que permita o pueda permitir a los y las estudiantes ponerse en contacto con agentes externos o recibir ayuda no autorizada, así como cualquier modalidad de copia de los ejercicios exigidos en la evaluación de una asignatura”.
Paralelamente, la Universidad de Girona trabaja en una normativa común para detectar fraude académico mediante dispositivos de radiofrecuencia y en la adquisición de detectores para todos los centros universitarios.
La UdG subraya que la integridad académica es “un requisito fundamental” en cualquier prueba de evaluación y asegura que esta actualización normativa pretende garantizar la igualdad de oportunidades entre estudiantes, proteger la credibilidad del sistema de evaluación y prevenir conductas fraudulentas.