El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado reabrir el caso de un joven que apareció muerto en el mar en Portbou (Alt Empordà), en diciembre de 2020. La familia, representada por el abogado Benet Salellas, pidió en reiteradas ocasiones que se investigaran las circunstancias de su muerte, pero tanto el Juzgado de Instrucción 7 de Figueres como la Audiencia de Girona desestimaron investigar. Ahora, sin embargo, el Constitucional les ha dado la razón. Los magistrados consideran que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y que la actuación judicial fue "insuficiente". "Incumple las exigencias de investigación oficial eficiente y eficaz de una muerte en circunstancias sospechosas", reprochan. Ahora el Juzgado de Figueres deberá retomar la instrucción.
Los hechos se remontan a diciembre de 2020, cuando la familia denunció la desaparición del joven, de 29 años, en Figueres. Según la denuncia, el chico, que era discapacitado, había salido a dar una vuelta por el pueblo como solía hacer. No llevaba dinero ni documentación, solo un teléfono móvil.
Un testigo afirmó que, el día que desapareció, lo vio en compañía de tres hombres desconocidos, que estaban de paso en Figueres, y que el joven le había dicho que se marcharía a Francia con ellos. Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación y apuntaron que, dada su discapacidad y la falta de dinero y de ropa de recambio, podría haber sido inducido a marcharse mediante el engaño.
Paralelamente, el 29 de diciembre de 2020, la Guardia Civil encontró un cadáver flotando en el mar en Portbou. Estaba en avanzado estado de descomposición, sin documentación y medio desnudo. La autopsia inicial estableció que la causa de la muerte era indeterminada, y que las lesiones que presentaba eran "post mortem, a causa de golpes contra las rocas".
Se comparó el ADN del cuerpo con el de los familiares del desaparecido, y se confirmó que coincidía con el perfil genético del joven. A pesar de ello, tanto el Juzgado de Instrucción 7 de Figueres como, posteriormente, la Audiencia de Girona mantuvieron el sobreseimiento provisional de las investigaciones argumentando que no existían indicios de criminalidad. Además, no aceptaron que se practicaran algunas diligencias como, por ejemplo, el rastreo y la geolocalización del teléfono móvil que llevaba el chico, que se prestara declaración a los testigos ni tampoco que se hiciera una búsqueda de imágenes en las cámaras de videovigilancia.
La familia presentó un recurso al Tribunal Constitucional y le ha dado la razón. Los magistrados lamentan que se mantuvo el sobreseimiento de la causa a pesar de que la familia pidió varias diligencias, que coincidían con las que habían mostrado interés los Mossos d'Esquadra.
"En conjunto, en el marco de una descoordinación policial y judicial determinante de una investigación fragmentada, con escasas actuaciones indagatorias, que no satisface las exigencias de agilidad y diligencia que implica la investigación de una muerte en circunstancias sospechosas", recalcan.
En cuanto a las posibles diligencias que se podrían haber practicado, el Tribunal señala que no se intervino el móvil ni se interrogó a los familiares ni a testigos, ni tampoco al personal del local donde se le vio en compañía de tres desconocidos. Tampoco se buscaron imágenes de las cámaras de videovigilancia.
"Son diligencias que podrían haber aportado información sobre la desaparición y la muerte del joven, sobre todo si se practicaban con la celeridad que exige la investigación de la muerte de una persona", reprochan.
Por todo ello, sentencian que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y que la actuación judicial fue "insuficiente". "Incumple las exigencias de investigación oficial eficiente y eficaz de una muerte en circunstancias sospechosas", afirman.
Además, ordenan al Juzgado de Instrucción 7 de Figueres que reabra el caso y "proceda en términos respetuosos con el derecho fundamental vulnerado".
