Las obras del nuevo pabellón polivalente de Salt han generado controversia después de que el grupo municipal del PSC haya denunciado la presencia de varios carteles de “control” repartidos por el perímetro del recinto. Según los socialistas, se pueden observar al menos una decena de señales con inscripciones como “Control Echeverría” o “Trabuco Vascos”, que se han asociado, según diferentes informaciones publicadas en los últimos años, a prácticas extorsionadoras dentro del sector de la construcción.
El PSC considera que estos elementos no son meramente informativos, sino que, en determinados contextos, se utilizan como señales de control informal sobre las obras. Por este motivo, el grupo ha calificado la situación de “grave” y ha criticado la falta de reacción del gobierno municipal.
El portavoz socialista, Joan Martín, ha asegurado que “no es admisible que en una obra pública aparezcan estos tipos de carteles y que no haya ninguna actuación por parte del Ayuntamiento” y ha advertido que estos elementos “se han relacionado reiteradamente con prácticas extorsionadoras dentro del sector”.
Los socialistas también han puesto el foco en el hecho de que la actuación está parcialmente financiada por el Plan único de obras y servicios (PUOSC) de la Generalitat. En este sentido, denuncian que no consta de manera visible el cartel institucional obligatorio, mientras sí que están presentes estas otras señales en el cierre de la obra.
Según el PSC, esta situación evidencia una falta de control y supervisión política. “No es solo el contenido de los carteles, sino la imagen que se proyecta: descontrol y permisividad en una actuación financiada con dinero público”, ha apuntado Martín.
Ante estos hechos, el grupo municipal ha reclamado explicaciones al gobierno local, la retirada inmediata de los carteles y que se garantice que la vigilancia de la obra se realiza únicamente a través de mecanismos legales y empresas de seguridad autorizadas.
El PSC considera que la situación “pone en cuestión la imagen institucional del municipio” y reclama una actuación “inmediata y contundente” para evitar que se normalicen este tipo de prácticas en una obra pública.
