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Una veintena de vecinos de los bloques de La Creueta de Girona denuncian que están recibiendo presiones para abandonar sus viviendas después de que un fondo inversor haya comprado el edificio. Los residentes aseguran que la nueva propiedad les ha comunicado que da por finalizados los contratos de alquiler y les reclama que entreguen las llaves antes de diciembre.
Los afectados defienden, sin embargo, que muchos de los contratos continúan vigentes y que algunos son anteriores a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. También aseguran que se encuentran al corriente de pago y rechazan ser tratados como si ocuparan las viviendas sin ningún título.
“Hace más de 50 años que pagan cada mes todos los recibos y ahora nos quieren echar”, explica Said Dkiouak, cuyos padres viven en uno de los pisos afectados.
Denuncian ofertas de dinero para que se marchen
Los vecinos explican que hace unas semanas recibieron un burofax en el que se les notificaba el cambio de propiedad y se les comunicaba la finalización de los contratos. El documento les instaba a abandonar las viviendas antes de diciembre y advertía de posibles acciones legales si no lo hacían.
Según los residentes, la nueva propiedad también ha ofrecido dinero a algunas familias para que dejen voluntariamente los pisos.
Los afectados aseguran que no se niegan a negociar y que estarían dispuestos a estudiar alternativas, como una actualización del alquiler o el acceso a otra vivienda, pero rechazan tener que marcharse sin una solución residencial.
Dificultades para pagar el alquiler
Otro de los puntos que denuncian es que la propiedad no estaría aceptando el cobro de las mensualidades. Los vecinos intentaron efectuar los pagos a través de Correos, pero, según explica el Sindicato de Vivienda de Girona, la empresa habría pedido expresamente que no se aceptaran.
Ante esta situación, los residentes han recurrido a los juzgados para dejar constancia de su voluntad de continuar abonando los alquileres. Las familias también han contratado a una abogada, que ya ha respondido al burofax enviado por la propiedad.
El Sindicato de Vivienda denuncia también que se han iniciado obras de rehabilitación en una de las escaleras donde todavía residen familias sin que, según asegura, se les haya informado adecuadamente. Algunos vecinos se quejan igualmente de ruidos durante los fines de semana y de dificultades relacionadas con los suministros básicos.
La portavoz del sindicato, Fàtima Aatar, alerta también de el estado de conservación del inmueble y señala la presencia de puntales en algunos balcones como una muestra del deterioro que presenta el edificio.
El Ayuntamiento se posiciona al lado de los vecinos
El Ayuntamiento de Girona asegura que está haciendo seguimiento del caso. El teniente de alcaldía de Urbanismo, Sergi Font, ha explicado que inicialmente parecía que la nueva propiedad estaba dispuesta a buscar soluciones individualizadas para cada familia, pero que las conversaciones posteriores no han avanzado en esta dirección.
El consistorio afirma que se pone “al lado de las familias” y recuerda que los vecinos afectados han estado pagando sus recibos. Font ha asegurado que el Ayuntamiento velará porque se respeten los derechos de los residentes, a pesar de advertir de las limitaciones que tiene la administración municipal para intervenir directamente en el conflicto.
