El Ayuntamiento de Ripoll, a través de la Policía Local, ha sancionado con 700 euros a una participante en los actos del 8-M en la villa. La sanción, tipificada en la ordenanza de civismo como una falta leve, se enmarca en el apartado que regula el uso de “sistemas de reproducción de voz sin autorización”.
El centro La Metxa niega que durante la concentración de ese día alguien hablara por megafonía. El colectivo califica la multa de “persecución administrativa” contra la disidencia política que, según señalan, lleva a cabo el gobierno municipal de Alianza Catalana. “Pretenden silenciar la discrepancia ideológica”, rezan en un comunicado. Y añaden: “No es un ataque contra nosotros, es un ataque a todo el mundo que no piense como ellos”.
