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Los Mossos d’Esquadra han desalojado a diecinueve personas que ocupaban la masía de Cal Gras, situada en las afueras de Santa Eugènia de Girona. El operativo ha comenzado este miércoles sobre las siete y media de la mañana y se ha desarrollado sin incidentes.
Las personas que se encontraban en el interior del inmueble han ido saliendo progresivamente. El desalojo se ha hecho en cumplimiento de una orden judicial y, una vez recuperada la propiedad, unos operarios han tapiado la masía para evitar que vuelva a ser ocupada.
En el exterior del edificio, situado en la calle del Poble Sahrauí de Girona, se han acumulado diversos objetos personales de los ocupantes.
Dos de los desalojados han quedado a disposición de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo por una cuestión relacionada con extranjería.
La masía estaba ocupada desde junio de 2025
Un grupo de personas ocupó la masía de Cal Gras en junio de 2025. No era, sin embargo, la primera vez que el inmueble era ocupado y en alguna ocasión se habían registrado avisos porque se había prendido fuego en el interior.
La finca estaba delimitada con una valla, pero los ocupantes la saltaron para acceder al inmueble. Este miércoles, después del desalojo, una retroexcavadora trabajaba en el patio de la finca para recuperar el espacio.
El Ayuntamiento critica la falta de coordinación
El Ayuntamiento de Girona ha lamentado no haber conocido con suficiente antelación que el desalojo se produciría este miércoles. Según el consistorio, si hubiera dispuesto de esta información, los equipos municipales y las entidades sociales habrían podido mediar para que los ocupantes abandonaran progresivamente el edificio y preparar alternativas antes del desahucio.
El alcalde de Girona, Lluc Salellas, también ha cargado contra la Generalitat y el Estado por considerar que las administraciones locales y las entidades sociales están asumiendo en solitario una situación que, según defiende, supera las competencias municipales.
Salellas ha explicado que el Ayuntamiento llevaba meses haciendo seguimiento de las personas que vivían en Cal Gras y ha remarcado la diferencia con el operativo de desalojo de la nave donde está previsto construir el futuro instituto Ermessenda.
El alcalde reclama una respuesta supramunicipal
El alcalde ha señalado que entre las personas desalojadas hay solicitantes de asilo que podrían acogerse a programas específicos en caso de que la Subdelegación del Gobierno español les reconozca esta situación.
"¿Dónde están el resto de administraciones? ¿Dónde está la coordinación? ¿Quién asume la responsabilidad cuando una orden de desalojo deja personas sin un lugar a donde ir?", ha preguntado Salellas.
El alcalde también ha reclamado que no se normalice que los ayuntamientos sean "el último recurso para todo y, al mismo tiempo, sean los primeros en quedarse solos cuando el problema requiere una respuesta supramunicipal".
