Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un joven de 19 años por amenazar al alcalde de Platja d'Aro (Baix Empordà) a través de una red social. Le atribuyen un presunto delito de amenazas.
Según informan los Mossos en un comunicado, los hechos se denunciaron a principios de este mes ante la Policía Local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. El alcalde, Maurici Jiménez, había recibido amenazas por diversas vías y, concretamente, el día 5 de julio, recibió un mensaje privado de carácter amenazador a través de una red social, que hacía referencia a los cambios incorporados en la normativa reguladora del mercado semanal municipal.
Tras las primeras diligencias, la unidad de investigación de Sant Feliu de Guíxols de los Mossos d'Esquadra asumió las gestiones encaminadas a determinar el origen de los mensajes e identificar a la persona responsable de su emisión.
La investigación permitió identificar al autor presuntamente vinculado a varios mensajes amenazadores enviados a través de la misma red social. Las comprobaciones y la información obtenida durante la investigación permitieron reunir indicios suficientes para identificar a una persona relacionada con los hechos denunciados. Se trataba de un hombre de 19 años.
Los investigadores lo localizaron y lo han denunciado penalmente este viernes. Las diligencias las han remitido al juzgado de guardia de Sant Feliu de Guíxols, pero la investigación continúa abierta para identificar a otras personas implicadas.
Los Mossos recuerdan en el comunicado que las conductas cometidas a través de las redes sociales también pueden ser delitos y que las herramientas de investigación disponibles y la colaboración de los prestadores de servicios digitales permiten, en numerosas ocasiones, conseguir información relevante para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de las personas implicadas.
La policía señala que la discrepancia, la crítica y la expresión de opiniones forman parte de los principios de una sociedad democrática, pero que esto excluye cualquier comunicación que pueda comportar intimidación, amenaza o una afectación de la libertad y la seguridad de las personas. Si es así, advierten que puede acabar con la apertura de una investigación policial e incluso un juicio.
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