El Ayuntamiento de Girona ha aprobado llevar adelante una modificación del presupuesto para afrontar el incremento "estratosférico" de las facturas de gas en equipamientos municipales. Los 427.000 euros que había previstos este 2023 se han superado con creces y, a estas alturas, el consistorio ya ha pagado más de 1,18 MEUR en facturas; algunas de ellas, de consumos del año pasado. Por otra parte, el pleno de este noviembre también ha aprobado dos mociones del equipo de gobierno sobre el conflicto de Israel y Palestina. Una, presentada por Guanyem y ERC; y la otra, por JxCat. La oposición lo ha visto como un ejemplo de las "diferencias" dentro del gobierno, y el alcalde, Lluc Salellas, ha defendido que "la diversidad", precisamente, permite tener puntos de vista diferentes.
La modificación del presupuesto llega, precisamente, a las puertas de que el equipo de gobierno tenga que cerrar las cuentas para 2024. No sólo se ha hecho para afrontar el incremento del precio del gas; también para pagar el incremento del precio de las horas extra a la policía, y para afrontar las indemnizaciones de aquellos trabajadores que no han superado el proceso para estabilizarles la plaza.
La concejala de Hacienda, Sílvia Aliu, ha sacado números para hacer evidente lo que supone el incremento de precios del gas para las arcas municipales. De los 427.000 euros que se habían previsto este año para pagar facturas (la misma cantidad que en 2022, porque el presupuesto está prorrogado) a estas alturas se han pagado 1.187.302,22 euros.
Aliu ha admitido que se trata de cifras "estratosféricas" y que, de aquí a que termine el año, esta cantidad se prevé que aumente en 100.000 euros más. Son facturas que hacen referencia no sólo a los consumos del Ayuntamiento, sino también al de las escuelas y equipamientos deportivos. Además, la concejala ha concretado que la compañía también les ha facturado este año consumos correspondientes a 2022, "cosa que también ha hecho incrementar la cifra".
El punto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y del concejal del PP. Jaume Veray ha votado a favor por responsabilidad –"entiendo que hay cosas que se tienen que pagar", ha dicho- pero también ha pedido a Guanyem, JxCat y ERC que se apliquen a la hora de presentar el presupuesto para 2024. "Entiendo que estos son los peligros de no llegar a acuerdos y tener que prorrogarlos", ha dicho en referencia al anterior equipo de gobierno.
Por su parte, el PSC y Vox han votado en contra. La concejala socialista Bea Esporrin, en este punto, ha dicho que no lo podían avalar teniendo en cuenta que votaron en contra de las cuentas de 2022 -que más tarde se prorrogaron- y ha pedido también al equipo de gobierno que trabaje para "invertir en renovables". Cosa a la que la concejala de Hacienda se ha avenido.
Doble moción
En el pleno de este noviembre también se ha votado una doble moción sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que ha presentado el equipo de gobierno por separado. La primera, que han entrado Guanyem y ERC, condena "el ataque de Hamás perpetrado en terreno israelí y los ataques indiscriminados sobre la población civil de la Franja de Gaza".
El texto también muestra "la solidaridad y apoyo" a los palestinos y palestinas que sufren "a consecuencia de la guerra de ocupación que lleva ejerciendo el Estado de Israel desde hace 75 años". La segunda moción, que JxCat ha entrado por urgencia, se centra en pedir un alto el fuego.
Las dos mociones se han aprobado, pero con votos ligeramente diferenciados. La primera ha salido adelante con el 'sí' de Guanyem y de ERC, las abstenciones del PSC y de JxCat, y el voto en contra del PP y Vox. La segunda, por el contrario, ha recibido los votos a favor de JxCat, de ERC y del PP, la abstención del PSC y de Vox, y el voto en contra de Guanyem.
La oposición ha aprovechado las mociones, sin embargo, para decir que son un ejemplo de las "diferencias" del equipo de gobierno. "Visto desde fuera podría parecer el inicio de una crisis matrimonial y afectiva; estaremos atentos", ha dicho Veray, defendiendo el 'sí' del PP a la moción de JxCat porque buscaba ser "más institucional".
"Que el gobierno presente dos mociones resulta, como mínimo, sorprendente; está claro que os habéis intentado poner de acuerdo y no lo habéis conseguido", ha dicho el socialista Maxi Fuentes. "El desastre en Palestina merece que se haga política, y no analizar las diferencias internas del equipo de gobierno; por eso nos abstendremos", ha añadido, diciendo que "los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los ataques atroces de Hamás ni tampoco el castigo colectivo por parte de Israel".
Expresar "la diversidad"
El alcalde, Lluc Salellas, ha defendido que más allá del "programa común" que tiene el equipo de gobierno y "el horizonte compartido de ciudad", los tres grupos pueden tener diferentes puntos de vista sobre otras cuestiones. "Sé que algunos tienen una visión monolítica de la política, pero en el plano internacional, sólo faltaría que no pudiéramos expresar nuestra diversidad", ha dicho dirigiéndose específicamente a los socialistas, a quienes ha reprochado que, precisamente, en el seno del gobierno español, PSOE y Podemos teniendo visiones contrapuestas sobre el conflicto.
"Esto a ustedes no les preocupa, pero que pase en el Ayuntamiento de Girona sí que lo hace", ha dicho el alcalde dirigiéndose a los socialistas. "Por lo tanto, miren hacia dentro antes de expresarse hacia fuera", ha concluido.
Por parte de Junts, la vicealcaldesa Gemma Geis ha defendido que su moción tenía por objetivo "pedir el alto el fuego y el respeto al derecho internacional". La vicealcaldesa también se ha alienado con el alcalde, diciendo que, en asuntos internacionales, "todo el mundo tiene derecho a expresar su propia mirada". Por último, el concejal de ERC Àdam Bertran ha defendido que "ante las atrocidades no podemos quedarnos quietos", ha dicho que Girona "se tiene que posicionar a favor de la paz y de los derechos humanos" y que, por este motivo, los republicanos votaban a favor de las dos mociones.
Contenciosos de la policía
En el pleno de este noviembre se han vivido dos protestas. La primera la han protagonizado, de nuevo, los agentes de la Policía Municipal, que se han concentrado con silbidos en la plaza del Vi y han entrado en la sala justo antes de que empezara la sesión. Allí, sus portavoces han criticado el decreto que les obliga a hacer horas extra hasta finales de año, diciendo que se hayan calificado como "excepcionales" partidos de baloncesto o de fútbol, y han reclamado una solución al conflicto que hace tiempo que se arrastra.
"La gente está cansada y fastidiada y queremos soluciones", ha dicho el portavoz del sindicato SIP-Fepol, Sergi Fernández, asegurando que si no hay respuesta, en 2024 intensificarán las protestas. De hecho, tanto este sindicato como también la UGT ya han recurrido al contencioso el decreto de alcaldía firmado por Lluc Salellas que les obliga a hacer horas extra.
Pancartas de Montilivi
La segunda protesta la han protagonizado vecinos del barrio de Montilivi. Un grupo de ellos ha exhibido pancartas en el pleno en protesta contra el acuerdo entre el Ayuntamiento de Girona y la Diputación por la permuta de unos terrenos en el barrio (donde se harán equipamientos) y el edificio de la antigua UNED (en el Barri Vell de la ciudad).
"Queremos árboles, no más edificios" o "Girona, más verde y más azul" son los lemas que se podían leer en los carteles, que han exhibido en el momento en que la socialista Sílvia Paneque preguntaba sobre el acuerdo en el apartado de ruegos y preguntas. "Estamos absolutamente seguros de que en todo Girona tiene que haber algún otro lugar para el proyecto", ha dicho la portavoz del PSC, interpelando al alcalde.
Lluc Salellas le ha respondido que, en este caso, "la madre de todos los huevos" es el Plan General que hace más de veinte años, precisamente, aprobó el gobierno socialista de Girona, y que permite hacer un equipamiento en aquellos terrenos. "Si se hubiera calificado como zona verde, no nos encontraríamos donde estamos", ha dicho el alcalde.
Salellas ha recordado que la permuta con la Diputación se aprobó el mes de marzo -es decir, con el anterior gobierno- y que, aunque se ha intentado buscar terrenos alternativos para la Diputación, no se han encontrado. El alcalde ha explicado que, precisamente, la corporación supramunicipal, que es quien tiene "los derechos adquiridos" del terreno, quería empezar la obra lo antes posible y, que ante esto, lo que se ha optado es por "mejorar" la propuesta inicial (incluyendo un nuevo parque infantil en la zona y reservando un espacio del futuro edificio administrativo para usos vecinales).
Lluc Salellas ha dicho ser consciente de que la propuesta "no convence" a los vecinos, pero también ha admitido que, con la situación actual, "difícilmente se podría encontrar una salida mejor". Por último, el alcalde ha defendido que el equipo de gobierno "ha sido transparente" y se ha "dedicado mucho" al asunto.
