El pleno de Girona ha aprobado inicialmente las ordenanzas fiscales para 2024, que entre otros recogen un incremento del IBI del 3,6% y un aumento del 25% de la tasa de basuras. Los impuestos y tasas han salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno, porque la oposición en bloque ha votado en contra.
El debate, sobre todo, se ha centrado en la forma en que se han tramitado, con PSC, PP y Vox criticando que ha sido “poco transparente” e incorporando informes a última hora. Por otra parte, los socialistas y el concejal popular se han abstenido con el punto que pone fin a las desigualdades retributivas —Vox ha votado en contra— porque tienen “dudas” de cómo se afrontará el pago y dicen que puede “poner en riesgo” la solvencia del Ayuntamiento.
Durante el debate de las ordenanzas, la concejala de Hacienda, Sílvia Aliu, ha subrayado que tan solo se han tocado aquellos impuestos y tasas “que eran inevitables”. Aliu ha recordado que llevaban congeladas desde 2021, pero que desde entonces el gasto que ha tenido que afrontar el consistorio en algunos capítulos —como el de suministros— se ha multiplicado a raíz de la inflación y la crisis de precios (poniendo como ejemplo que, de un año para otro, se está pagando hasta un 158% más en facturas de gas).
“Somos conscientes de que estamos pidiendo un mayor esfuerzo fiscal a las familias en un momento delicado; pero les quiero trasladar a todas ellas que reconocemos este esfuerzo, que nos comprometemos a hacer una gestión transparente de los recursos y a avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo”, ha subrayado la concejala de Hacienda.
Durante su intervención, de todos los impuestos y tasas, Aliu también ha querido entrar más en detalle en la de basuras. Aquí, la concejala ha recordado que no se ha querido aplicar el 100% del coste de la recogida de residuos, porque habría supuesto subir el importe hasta un 34%.
“No ha sido transparente”
La socialista Bea Esporrin ha calificado las ordenanzas de “continuistas”, las ha definido como “la enésima incoherencia desde que Guanyem accedió a la alcaldía” e, incluso, ha pedido que se dejaran encima de la mesa y se convocara un nuevo pleno extraordinario para debatirlas. “No se ha sido transparente, desconocemos cuánto se prevé recaudar más con el incremento de tasas y qué afectaciones tendrá al presupuesto para el año que viene, que de momento es inexistente”, ha criticado.
Por su parte, tanto el concejal del PPC Jaume Veray como el de Vox, Francisco Javier Domínguez, han calificado “de abusivos” los incrementos de los impuestos y las tasas y, de nuevo, han cargado contra el gobierno por hacerles llegar “expedientes incompletos, desordenados y con incorporaciones de última hora”. “Parece que se lo hayan tomado con desidia y poco rigor y que sean una pandilla de novatos”, ha dicho Veray.
En el turno de réplica, Aliu ha dicho que aunque hay “aspectos a mejorar”, se ha hecho llegar la información que correspondía a la oposición. La concejala de Hacienda también ha aprovechado para pedir “rigor” al PSC, al PP y a Vox, criticándoles que hayan llegado a “cuestionar la legalidad” de su propuesta, y ha subrayado que la subida de impuestos y tasas cuenta con un informe favorable del secretario.
Antes de la votación, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, también ha tomado la palabra para “dejar constancia” de que se han cumplido los plazos con el acceso a la información. También ha dicho que “aquí no ha habido ninguna irregularidad jurídica” y ha querido subrayar que la de hoy es la aprobación inicial y, por tanto, “el primer trámite” de un proceso que ahora pasará por la presentación y el estudio de las alegaciones antes de elevar las ordenanzas para 2024 a aprobación definitiva.
Hasta un 150%
En paralelo a las ordenanzas, el pleno también ha aprobado hoy la modificación de la ordenanza que permite aplicar un recargo de hasta el 150% del IBI a los grandes tenedores que tengan pisos vacíos (tomando como referencia que sean propietarios de cuatro o más viviendas).
En este caso, el equipo de gobierno ha recibido el aval del PSC, que ha votado a favor. La concejala socialista Cristina Cots ha justificado su 'sí' por “responsabilidad” y porque hacen falta medidas “para movilizar los pisos vacíos”, pero también ha pedido a Guanyem, JxCat y ERC que trabajen para impulsar otras políticas para favorecer el acceso a la vivienda (como más ayudas al alquiler o subvenciones para las rehabilitaciones).
El PP y Vox han votado en contra. Veray lo ha justificado porque los populares no son partidarios “de sanciones sino de incentivos” y Domínguez, porque tenía dudas legales sobre la forma en que se justificará que un inmueble esté vacío.
Fin a las desigualdades
Por otra parte, el pleno extraordinario también ha aprobado la propuesta para erradicar las desigualdades salariales que afectan a unos 775 trabajadores del consistorio; es decir, tres cuartas partes de la plantilla. El teniente de alcaldía de Gestión de Recursos, Sergi Font, ha recordado que las nóminas ya se actualizarán este mismo noviembre.
Para este 2023, el coste de poner fin a estas diferencias será de 400.000 euros (que se pagarán gracias a una reserva de crédito que hay vigente de 925.000). Para el año que viene, supondrán 2,8 MEUR anuales. “Entendemos que es una medida muy necesaria, y que el beneficio que conlleva para el personal es absolutamente necesario e imprescindible”, ha subrayado Font, diciendo que a partir de aquí el gobierno abrirá una nueva carpeta, la de ver cómo se afronta el pago de la Valoración de Puestos de Trabajo (VLT).
Font también ha precisado, pero, que a partir de este noviembre, cuando se actualicen las nóminas, en el Ayuntamiento de Girona habrá casi 400 trabajadores que ya cobrarán el 100% de lo que fija la VLT, y 400 más que se encontrarán por encima del 60%. “Lo que queremos hacer, precisamente, es centrar la negociación en aquellas personas que se encuentren por debajo de estos umbrales”, ha concretado.
En este caso, la propuesta ha recibido los votos a favor que suman los diecisiete concejales del equipo de gobierno. El de Vox ha votado en contra, diciendo que no le parecía “el momento adecuado” para sacar adelante esta medida. Y el PSC y el PP se han abstenido. Sobre todo, porque tienen dudas de cómo se afrontará el pago y advirtiendo, como ha hecho la socialista Bea Esporrin, que esto “puede poner en riesgo la solvencia económica del consistorio a no ser que se haga una reestructuración del gasto”.
Además, tanto Esporrin como Veray también han hecho inciso en que esta propuesta no tiene en cuenta la retroactividad, diciendo que ya hay dos sentencias que condenan al Ayuntamiento a abonarla. “Tenemos constancia de que hasta ahora hay 124 demandas encima de la mesa, que suman un importe de 1,2 MEUR, y todas ellas reclaman la retroactividad”, ha dicho Esporrin.
Sobre este punto, pero, Sergi Font ha precisado que además de las dos sentencias que dan la razón a los trabajadores, el mismo juzgado que las ha emitido —el Social 3 de Girona— también ha resuelto otro caso. Y que, esta vez, la sentencia ha sido “100% favorable” al Ayuntamiento. “Por lo tanto, habrá que estudiar caso por caso”, ha precisado.
Nueva protesta de la policía
El pleno extraordinario de este jueves ha estado marcado por una nueva protesta de la Policía Municipal. Precisamente, un día después de que el alcalde obligara por decreto a que la plantilla haga horas extra durante las Ferias y todos aquellos otros actos singulares —como partidos de fútbol y de baloncesto— que se prevén desde ahora y hasta finales de año.
Los agentes se han plantado en la plaza del Vi con pancartas de protesta y un ataúd y después han entrado momentáneamente al pleno. Critican que la propuesta de incrementar el precio de las horas extra que se les ha hecho hasta ahora es “un parche” y reclaman al equipo de gobierno que solucione “los problemas de fondo” que arrastra la plantilla (como la falta de efectivos).
Precisamente, aunque la plantilla lo haya rechazado, el pleno ha aprobado incrementar el precio de las horas extra que percibirán los policías desde ahora y hasta finales de año (porque antes, la mesa general de funcionarios lo había avalado). La propuesta, pero, tan solo ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno.
El PSC, el PP y Vox —que han votado en contra- han reclamado al gobierno que se siente a negociar una solución definitiva a los problemas que tiene el cuerpo. Y el concejal socialista Josep Palouzie, que había sido jefe de la Policía Municipal, también ha criticado que se definieran como actos singulares aquellos que ya están programados y son “previsibles”, obligando a los policías a hacer horas extra para cubrirlos “para suplir la falta de personal”.
Sobre este punto, Sergi Font ha dicho que el gobierno, más que un “parche”, ve el incremento de las horas extra “como una tregua” que incluye “una retribución suficientemente generosa para compensar el esfuerzo extra de la plantilla” subrayando que “la voluntad del gobierno, precisamente, es tratar el problema de fondo de la Policía Municipal”.