La familia de la niña de 10 años que resultó herida en un ataque de un jabalí en Cadaqués el verano de 2022 estudia llevar el caso a los tribunales por lo que considera un “silencio” administrativo por parte del Ayuntamiento. Los afectados reclaman una indemnización de 70.000 euros por las secuelas físicas y psicológicas que sufre la menor a raíz de los hechos.
El abogado de la familia, Xavier Coca, asegura que el consistorio está abocando a los afectados a un “laberinto burocrático” que se alarga desde hace casi tres años con el objetivo de evitar responder a la reclamación patrimonial.
Los hechos se remontan al 1 de agosto de 2022, en plena temporada turística, cuando la menor jugaba con otros niños en un extremo de la playa Gran de Cadaqués. Según relata la familia, un jabalí de grandes dimensiones irrumpió en la zona y los niños empezaron a correr asustados. La familia sostiene que el animal pretendía atacar a otro niño de 6 años y que la menor, “en un acto de heroísmo”, lo protegió y acabó siendo atacada.
El animal le clavó los colmillos en la parte alta de la pierna y, según explican, la herida estuvo a punto de afectar la arteria femoral. La niña tuvo que ser hospitalizada y, según la familia, todavía arrastra secuelas físicas y psicológicas derivadas del ataque.
A raíz de los hechos, se puso en marcha un dispositivo conjunto con Agentes Rurales para capturar jabalíes y evitar que bajaran al casco urbano. Tanto vecinos como el propio Ayuntamiento habían admitido entonces que el municipio sufría un problema “grave” con estos animales, especialmente durante los meses de verano.
La familia, representada por el bufete Coca Advocats, inició los trámites para reclamar una indemnización a la aseguradora municipal. Según explica Xavier Coca, la reclamación se presentó directamente ante la compañía aseguradora mientras el Ayuntamiento abría “de oficio” la vía administrativa.
Dado que la familia había optado inicialmente por la reclamación directa a la aseguradora, no se personó en aquel procedimiento y el consistorio lo acabó archivando. Posteriormente, cuando la aseguradora trasladó la reclamación patrimonial al Ayuntamiento, el consistorio reabrió el expediente y la familia presentó formalmente su reclamación de 70.000 euros.
Paralelamente, y ante la falta de respuesta, la familia registró una nueva reclamación administrativa antes de que se cumpliera un año del alta médica de la menor. Según Coca, el Ayuntamiento “no ha respondido ni al expediente que abrió de oficio ni siquiera ha dado trámite a la nuestra”.
“Te abocan a un laberinto judicial”, denuncia el abogado. En un comunicado, los portavoces de la familia aseguran que “negar la realidad y responder con silencio ante una niña traumatizada y marcada de por vida es una cobardía institucional institucionalizada”.
Los representantes legales también critican las diferencias entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa. “En la jurisdicción civil, las compañías de seguros temen las dilaciones a causa de los intereses de demora, que pueden llegar al 20% anual”, explican. En cambio, lamentan que “bajo el paraguas de la jurisdicción contencioso-administrativa, la balanza no está equilibrada, ni a escala procesal ni a escala material”.
Por su parte, la alcaldesa de Cadaqués, Pia Serinyana, ha asegurado que la familia presentó inicialmente una reclamación al Ayuntamiento, pero que se les requirió documentación que “no presentaron y se desistió”. Aun así, afirma que posteriormente se les volvió a pedir la documentación y se abrió un nuevo expediente.
“Toda esta documentación ahora la están valorando los servicios técnicos y jurídicos y se verá cómo se procede con el expediente”, ha afirmado Serinyana.