La Audiencia de Girona ha dejado en libertad, sin imponerle ninguna fianza, al supuesto líder de la banda que se dedicaba a preparar narcolanchas en el Alt Empordà. El investigado estaba en prisión preventiva desde el 22 de septiembre y ahora el tribunal ha estimado el recurso de la defensa, encabezada por el letrado Carles Monguilod. La interlocutoria expone que, aunque la causa está abierta por delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y contrabando, en este momento de la investigación solo hay indicios "racionales" del último delito. Como lleva aparejadas penas de entre 3 y 5 años de prisión y el investigado tiene arraigo en el país, la Audiencia descarta que continúe en prisión porque no aprecia riesgo de fuga.
El operativo desplegado por los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera el 20 de septiembre se saldó con 19 detenidos y 22 embarcaciones intervenidas. La investigación había comenzado en julio del año pasado, cuando la policía detectó un primer varamiento de una embarcación, que se podía tratar de una lancha para el narcotráfico. Poco después, detectaron tres naves más de alta velocidad en Roses, Llançà y Empuriabrava.
El análisis de estas primeras informaciones llevó hasta una nave de Castelló d'Empúries donde, según la investigación, recibían los cascos de las naves de otros países, las habilitaban para convertirlas en narcolanchas y las vendían a grupos narcotraficantes dedicados al tráfico de hachís desde Marruecos.
Seis de los arrestados pasaron a disposición del juzgado de instrucción 1 de Figueres el 22 de septiembre, que decretó prisión comunicada y sin fianza para dos de los investigados en la causa abierta por delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, blanqueo de capitales y tráfico de drogas, según informó el TSJC.
La defensa del responsable de la nave industrial de Empuriabrava recurrió la resolución del juzgado. El abogado Carles Monguilod alegaba que no había motivos para mantener el encarcelamiento y solicitaba que el investigado saliera en libertad.
La interlocutoria de la sección tercera de la Audiencia de Girona, de la que ha sido ponente la magistrada Sonia Losada, estima el recurso de apelación, revoca el ingreso en prisión y ordena libertad provisional para el investigado. El tribunal acuerda comparecencias mensuales en el juzgado, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del territorio Schengen.
Según argumenta el tribunal, en este punto de la investigación hay indicios "racionales" que relacionan al investigado con un presunto delito de contrabando y expone que, de hecho, es el delito por el cual la fiscalía solicitaba que continuara en prisión preventiva: "Aunque el ministerio fiscal menciona 'organización criminal' en su escrito de impugnación y la localización de 32.000 euros en efectivo, no efectúa ningún razonamiento de subsunción típica, y ni siquiera sustenta la medida cautelar en estos delitos".
La Audiencia considera que no se puede asegurar que este dinero localizado en la nave esté relacionado con actividades ilegales, tal como sostenía el juzgado de Figueres: "No se pueden descartar otras explicaciones alternativas e igualmente válidas que no impliquen la comisión del delito de blanqueo de capitales al que alude el juez instructor en su resolución".
La sala argumenta que el delito de contrabando lleva aparejada una pena de entre 3 y 5 años de prisión (mucha menos condena que la que podría implicar sumarle los otros dos delitos). Esto, sumado a que el investigado tiene "lazos de arraigo férreos" en el país, que tiene 32 años y una "esfera familiar y social, y también laboral porque se ha podido constatar una trayectoria como mecánico profesional del sector náutico", lleva a la Audiencia a ordenar su liberación porque no aprecia riesgo de fuga.
El abogado de la defensa celebra la decisión de la Audiencia y considera que es la más ajustada a la falta de indicios que apuntalen los delitos que atribuyen al investigado. Además, la Audiencia también deberá resolver otro recurso contra la decisión del juzgado de instrucción de clausurar el negocio que tiene el investigado relacionado con el sector náutico.
