El PSC de Girona cree que las ordenanzas de 2024 son nulas porque el pleno extraordinario para aprobarlas no se convocó como correspondía. Entre otras, las ordenanzas recogen un incremento del IBI del 3,6% y otro del 25% de la tasa de basuras. El foco de discrepancia se encuentra en la comisión informativa, la reunión previa al pleno donde se acuerdan aquellos puntos que se incluirán en el orden del día. El PSC ha esgrimido un informe de los servicios jurídicos municipales diciendo que en esta comisión se les vulneró el derecho a la participación política, porque no se les dio documentación "importante" (el estudio de costes y el informe de secretaría). Y en consecuencia, cree que si la tramitación de las ordenanzas no se detiene, se abre la puerta a impugnarlas.
Las ordenanzas de Girona para 2024 se aprobaron en un pleno extraordinario el 26 de octubre pasado. Salieron adelante con el voto a favor del equipo de gobierno, porque toda la oposición en bloque (PSC, PP y Vox) votó en contra.
El debate, sobre todo, se centró en la forma en que se tramitaron, porque los tres grupos de la oposición criticaron que el proceso había sido "poco transparente" y se habían incorporado informes a última hora. Los socialistas, de hecho, incluso llegaron a pedir que se dejaran sobre la mesa y se convocara otro pleno extraordinario para debatirlas.
Después de ese pleno, el PSC presentó un recurso de reposición. Pero antes ya había presentado otro. En este caso, contra la comisión informativa previa, que se había convocado el 19 de octubre. En estas comisiones es donde se deciden los temas que se llevan al orden del día. Y en cuanto a las ordenanzas, Esporrin ya puso de relieve que se les había convocado sin haberles enviado antes toda la documentación.
En concreto, la concejala del PSC explicó que, en la documentación que hacía referencia a los impuestos y a las tasas para 2024, faltaban tanto un informe de secretaría como un estudio de costes (que se les hicieron llegar pocas horas antes del pleno).
En el recurso que presentaron contra la comisión informativa, los socialistas alegaban que se les había vulnerado el derecho fundamental a la participación política. Y aunque, como concreta Esporrin, aún no han obtenido respuesta por parte del equipo de gobierno -había un mes de plazo que ya ha pasado- sí que los socialistas han tenido acceso a un informe de servicios jurídicos que les da la razón.
El informe concluye que debería estimarse el recurso de reposición del PSC. Y que, en consecuencia -dice literalmente- esto llevaría a "la nulidad del dictamen emitido por la comisión informativa en relación a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para 2024". Es decir, a dejar sin efecto la propuesta para elevar los incrementos de impuestos y tasas al pleno.
Prórroga o impugnación
Esporrin explica que, como el pleno extraordinario no se convocó como correspondía, porque ellos no tuvieron acceso a toda la información previa en aquella comisión, esto vicia todo lo que vino después. "Por lo tanto, si el gobierno continúa con la tramitación de las ordenanzas, se podrían considerar nulas", concreta la concejala del PSC.
Y esto, según los socialistas, deja entrever dos escenarios posibles. El primero, que se tengan que prorrogar los impuestos y tasas vigentes este 2023 (porque desde ahora y hasta finales de año, no hay tiempo para poner en marcha la tramitación desde cero, llevarlas a pleno y aprobarlas definitivamente antes del 1 de enero). Y el segundo, que si la tramitación de las ordenanzas sigue adelante, "se podrían impugnar al contencioso" (y entonces, sería la justicia quien tendría que decidir).
Esporrin explica que, en este caso, la vía judicial tanto la podrían abrir los mismos concejales como particulares y empresas que no estuvieran de acuerdo con el incremento de impuestos y tasas. Y en caso de que se les acabara dando la razón, y las ordenanzas se anularan, el Ayuntamiento de Girona podría verse obligado a devolver los aumentos cobrados de más, a los que habría que sumar los intereses.
"Ciertamente la situación es muy delicada", explica la concejala del PSC. "Tenemos que criticar la falta de diligencia por parte del gobierno, porque el pleno de ordenanzas siempre se sabe que debe llegar antes de Sant Narcís ya que si no no da tiempo a que estén en vigor a 1 de enero; no entendemos por qué no tenían preparados los estudios de costes cuando convocaron la comisión informativa", ha dicho Esporrin. "No es nuestro papel definir cómo el gobierno debe tramitar las ordenanzas; pero sí que las cosas se han hecho mal y ahora son ellos quienes deben buscar la solución", ha concluido.
