Los responsables del Parque Científico y Tecnológico de la UdG han explicado ante los usuarios y trabajadores del parque qué pasará con su futuro ahora que el complejo entra en fase de liquidación. Todos han querido lanzar un mensaje de tranquilidad y han asegurado que la normalidad se mantendrá en el día a día. El abogado del parque, Josep Pujolràs, calcula que al menos hasta dentro de un año no habrá cambios. Será entonces cuando las entidades o empresas que quieran comprar activos puedan hacer ofertas y se abran las plicas. Uno de los argumentos para tranquilizar a los usuarios hace referencia a los usos del parque. Pujolràs ha subrayado que los únicos usos que se pueden hacer en el parque son universitarios y de investigación y que, por tanto, cualquier otra actividad está prohibida. Según Pujolràs, este condicionante dificulta la entrada de empresas privadas en la negociación. El abogado ve "brutalmente improbable" que el parque acabe cerrando y apunta que la salida podría ser una alianza entre las administraciones para hacerse cargo.
El rector y presidente del patronato del parque, Sergi Bonet, la directora del parque, Anna Albar, y el abogado del complejo, Josep Pujolràs, se han reunido con unos setenta trabajadores y usuarios para explicarles qué supone entrar en fase de liquidación y qué han estado haciendo para evitarlo. El mensaje que ha imperado es el de la calma porque, según sostienen, las empresas que trabajan en él podrán seguir con su día a día inalterable. A partir de ahora, el patronato del parque se disuelve y la gestión pasa a depender de un administrador concursal. No obstante, habrá que mantener un equipo que, de acuerdo con éste, gestione el complejo. Como no se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha hecho ninguna aportación para enjugar deuda. Esto quiere decir que la tesorería del parque actualmente tiene 3,5 MEUR de caja que aseguran la viabilidad de las instalaciones. El abogado del parque, Josep Pujolràs, calcula que hasta dentro de un año no se sabrá si alguna empresa o institución ha presentado ofertas en la fase de venta directa ni tampoco se conocerá el contenido de las mismas. Por lo tanto, ha asegurado que hasta marzo del año que viene la actividad no se alterará. Qué pasará a partir de entonces sigue siendo una incógnita. Pujolràs apunta que el parque no es una empresa privada convencional sino que existen diferentes condicionantes si alguien quiere adquirir activos. Por un lado, la universidad es propietaria de todo el suelo y también tiene el derecho de superficie. Esto quiere decir que en todo el complejo sólo se pueden realizar actividades relacionadas con los usos universitarios y de investigación. Si un tercero quiere comprar edificios y cambiar su uso, la universidad puede oponerse. Además, los edificios no son de un único propietario y lo que sale a la venta, por tanto, son sólo partes. Esto complica, entonces, la entrada de empresas privadas o inversores que quieran especular o cambiar la actividad. Según Pujolràs, la opción más factible sería que las administraciones se pusieran de acuerdo y crearan alguna entidad jurídica para volver a tomar las riendas del parque. Incluso, se podría dar el caso de que si nadie da el paso y finaliza la fase de liquidación, la universidad se quede con la titularidad del complejo (sin pagar absolutamente nada). Era necesario presentar concurso de acreedores El rector, Sergi Bonet, ha defendido que durante todo este proceso la universidad y el parque han hecho los "máximos esfuerzos" para poder evitar la liquidación y que seguirán trabajando "con la misma intensidad" para superar esta nueva fase. Además, ha justificado que era necesario presentar concurso de acreedores (se hizo en enero de 2015) porque la situación de insolvencia del parque era tal que todas las cuentas y edificios estaban embargados, no se podían pagar nóminas ni facturas. "Si no íbamos a concurso el parque ahora estaría cerrado", ha manifestado el abogado, Josep Pujolràs. Desasosiego resuelto entre usuarios La reunión también ha servido para tranquilizar a los usuarios y trabajadores del parque, que han recibido con desasosiego la entrada en fase de liquidación del complejo. Entre los asistentes, uno de los responsables de la empresa Docuchem, Jordi Bacardit, ha explicado que a lo largo del día han recibido llamadas de clientes que querían disipar incertidumbres. Tras el encuentro, asegura que respira más tranquilo. "Tenemos que conseguir transmitir la misma tranquilidad que hemos visto en el presidente del patronato, la directora del parque y su abogado", ha resaltado. Su empresa farmacéutica, dedicada a realizar análisis y desarrollo de fórmulas para terceros, se instaló en el Parque de la UdG en 2010 y dice que no se quieren mover porque están "muy bien". "Se podrá continuar la actividad al menos este año, y esto revierte claramente en que haya una afectación mínima de los usuarios, que es lo que queremos", ha añadido. En este sentido, destaca que desconocía las restricciones a la hora de comprar parte de los edificios existentes, que sólo se pueden utilizar para usos universitarios y de investigación. "Esto hace muy difícil que vengan oportunistas a comprar edificios a precios más baratos, como podría ocurrir en actividades que estén menos reguladas", ha afirmado. Desde la empresa, que actualmente tiene doce trabajadores, han recibido la noticia de la entrada en liquidación con sorpresa y asegura que, durante todo el proceso, confiaban en evitarlo y que se salvara el parque con las inversiones prometidas por las administraciones catalanas.
