La memoria de 2016 del defensor de la ciudadanía de Girona pone el acento en diferentes consecuencias que la crisis económica aún provoca en la ciudad. Según el defensor, Ramon Llorente, ha sido un año "complicado" desde la óptica económica y social. Esto se ha dejado notar en consultas y actuaciones en temas de pobreza energética, habitacional o también de falta de recursos. Uno de los problemas que ha crecido de manera "alarmante", según el defensor, es el de las ocupaciones de viviendas. El defensor alerta de que es un fenómeno complejo, con casuísticas diversas y apunta que es necesaria más regulación legal y más recursos para los Servicios Sociales para combatirlo. Del mismo modo, asegura que el centro de acogida La Sopa está saturado e insta al consistorio a habilitar otros espacios y recursos para las personas sin hogar. Llorente también señala que cada vez recibe más quejas por ciclistas que circulan por las aceras y de vecinos que no pueden descansar por el ruido de locales de ocio.
El defensor de la ciudadanía de Girona ha presentado ante el plenario municipal la memoria de actividad de 2016, en una sesión extraordinaria. Como ya viene siendo una tónica habitual en los últimos años, gran parte de las actuaciones que ha llevado a cabo tienen una relación directa con la crisis económica. "La persistente secuela de la crisis económica y de valores se ha manifestado de múltiples maneras y en diversos escenarios", valora Llorente. El defensor remarca que, mientras que los grandes indicadores económicos marcan una salida de la crisis, esto aún no se traduce de la misma manera cuando la lupa se pone en los casos más concretos. Llorente afirma que en la ciudad de Girona hay casos que contrastan con esta situación macroeconómica: trabajos precarios, contratos temporales, 'minijobs' o salarios insuficientes.
Aumentan los casos de ocupaciones de viviendas Esta precariedad económica y social con la que viven algunos gerundenses tiene efectos directos en la comunidad. Este es el caso del "fenómeno okupa" que, según Llorente, se ha incrementado "de una forma alarmante". "Estos casos crean situaciones complejas y contradictorias entre la propia ciudadanía, es un fenómeno que no debemos silenciar", opina. En los últimos doce meses, Llorente asegura que ha aumentado el número de visitas tanto de personas que han ocupado pisos como también de vecinos que se quejan de problemas de convivencia provocados por los ocupas. "Debemos afrontar este fenómeno desde los Servicios Sociales y también es necesaria más regulación legal. No debe tener más ventajas el que actúa con hechos consumados y con picardía que el que lo hace con buena fe y responsabilidad", subraya en la memoria. El defensor alerta de que algunas familias tenían problemas para acceder al circuito de ayudas y recursos de los Servicios Sociales porque no estaban empadronadas. Después de una recomendación de oficio, Llorente explica que esto se ha solucionado y que ahora el ayuntamiento empadrona a todo el mundo, aunque vivan de manera ilegal en una vivienda. Empadronarlos no supone darles ningún derecho, simplemente constata administrativamente que viven en esta vivienda ni que sea de manera ilegal, apunta el defensor. Según Llorente, el derecho a la vivienda está "en entredicho" en la ciudad de Girona.
Se necesitan más recursos aparte de La Sopa El centro de acogida La Sopa es la columna vertebral de la atención a las personas sin hogar en la ciudad de Girona. Según alerta Llorente, sin embargo, está saturada y es necesario buscar otros espacios y recursos para atender a las personas que no tienen hogar, necesitan comida caliente o, simplemente, ducharse y guardar las pocas pertenencias que tienen. "Los Servicios Sociales de nuestro ayuntamiento trabajan mucho pero están desbordados y no disponen de suficientes medios", asegura Llorente, que ya hacía esta advertencia hace un año. Llorente afirma que los recursos que se ofrecen actualmente en La Sopa son "insuficientes" para el cúmulo de necesidades que hay en Girona. Por eso, insta al ayuntamiento a buscar otros medios para dar soluciones a estos colectivos.
Compaginar ocio y descanso de vecinos Otro de los temas que de manera recurrente lleva a vecinos a la oficina del defensor tiene que ver con el ocio nocturno y el derecho al descanso. El defensor recuerda que todo ciudadano tiene derecho a descansar, derecho a la salud y a la intimidad. Derechos que, según Llorente, quedan maltratados en algunos casos si se vive cerca de un local de ocio nocturno que no cumple con las obligaciones. Por eso, insta a aplicar con "mayor contundencia" la ordenanza de civismo y obligar a los negocios a cumplir con sus obligaciones.
Ciclistas incívicos Otra de las quejas que requiere de la actuación del defensor de la ciudadanía hace referencia a los ciclistas incívicos. Llorente recuerda que las bicicletas deben circular por los carriles bici o bien por la misma calle y que no pueden hacerlo por las aceras. Entre las propuestas que lanza el ciudadano, está la de crear un registro administrativo de los ciudadanos que van en bicicleta y la obligatoriedad de tener un seguro. Además, cree que la policía debería hacer más controles para hacer cumplir la normativa, más allá de las campañas de concienciación cívica. Por otra parte, como ya es recurrente en otras memorias, el defensor pide a la Policía Municipal que ejerza su trabajo con respeto y con un trato amable hacia el ciudadano; y que tenga en cuenta la opinión del defensor cuando pide que se revisen algunas sanciones.
Reticencias hacia la gestión del defensor Ramon Llorente también ha aprovechado para denunciar que hay algunos responsables del ayuntamiento que manifiestan "reticencias y desconfianza" hacia la gestión y la figura del defensor. Prueba de ello es, según Llorente, que se producen "reiteradas advertencias" a la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas. Según denuncia, se le alerta de que podría estar prevaricando si firma decretos aceptando recomendaciones del defensor. "No creo nunca que se pudiera acusar a ninguna alcaldesa o alcalde de prevaricar por acoger favorablemente las recomendaciones del defensor porque la finalidad última no es otra que acelerar la resolución de los problemas para facilitar la vida de las personas y la defensa de sus derechos", se justifica Llorente en la memoria de 2016.
Un 5% más de actuaciones Durante 2016, desde la Oficina del Defensor se han realizado 3.894 actuaciones, lo que supone un incremento del 5% respecto a 2015. De estas actuaciones, la mayoría (2.601) fueron consultas, asesoramientos o informaciones y también se han abierto 341 expedientes. De estos, el área que más concentra es Urbanismo, Actividades Movilidad y Vía Pública (146), Igualdad, Derechos Sociales, Trabajo, Juventud y Seguridad (64) o el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Participación y Cooperación (58). A la hora de cerrar la memoria, 39 expedientes aún estaban en trámite. En cambio, 249 se han admitido a trámite, de los cuales 72 se han desestimado, en 111 casos ha habido resolución satisfactoria para el ciudadano, y mediante mediación, en cinco ocasiones se ha llegado a un acuerdo bueno para las dos partes. El defensor lamenta que aún hay 132 recomendaciones hechas a alcaldía que no se han contestado y pide que el plazo máximo de respuesta sea de 30 días.
