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El Tribunal de Primera Instancia de Girona ha condenado a 12 meses de prisión a la propietaria de un perro que murió de hambre tras quedar encerrado en un piso de Planoles, en el Ripollès. La sentencia también le impone cuatro años de inhabilitación para tener animales o ejercer cualquier profesión relacionada con estos.
La pena de prisión, sin embargo, quedará suspendida durante dos años siempre que la condenada no vuelva a delinquir y complete un programa formativo en materia de protección animal. Los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando la mujer se marchó de la vivienda donde residía y dejó al perro encerrado.
Los gemidos alertaron a los vecinos
Los ladridos y gemidos del animal generaron preocupación entre los vecinos, que comunicaron la situación al alcalde de Planoles. El alcalde trasladó posteriormente los hechos a los Mossos d’Esquadra.
Según recoge la sentencia, la propietaria explicó a los agentes que visitaba diariamente el piso para dar de comer al perro y que lo sacaba a pasear por la noche porque consideraba que era agresivo.
A principios de diciembre, sin embargo, había asegurado al alcalde que solo iba a la vivienda dos veces por semana para ocuparse del animal. A pesar de los avisos, el perro continuó encerrado en el domicilio.
Encuentran al perro muerto dentro del piso
El 1 de febrero de 2023, una concejala del municipio que hacía seguimiento periódico de la situación alertó al alcalde de que los gemidos del animal hacían pensar que se encontraba en estado crítico. Dos días después, el 3 de febrero, la concejala entró en el piso y encontró al perro muerto.
El tribunal considera probado que la propietaria había dejado de proporcionarle comida y agua durante al menos dos semanas. El animal, que no tenía ninguna posibilidad de conseguir alimento por sí mismo, acabó muriendo.
La condenada reconoció los hechos
La sentencia se ha dictado después de que la acusada reconociera los hechos y aceptara las penas reclamadas por el Ministerio Fiscal. La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), que ejercía la acusación popular, también se adhirió a la calificación jurídica y a las penas solicitadas.
El tribunal considera los hechos constitutivos de un delito contra los animales y también condena a la mujer a pagar las costas procesales. Si incumple las condiciones impuestas durante los dos años de suspensión, deberá ingresar en prisión para cumplir la pena de 12 meses.
