La Audiencia Provincial de Girona ha iniciado este lunes el juicio contra un hombre acusado de acosar a varios menores a través de diferentes perfiles en redes sociales, con el objetivo de obtener fotografías y vídeos de contenido pornográfico. Según el escrito de acusación presentado por la fiscalía, los hechos se produjeron entre los meses de mayo y agosto de 2018, momento en que el acusado estableció contacto con cuatro víctimas, dos de ellas con 15 años y otra que presentaba una discapacidad psíquica valorada en un 33%.
Declaraciones a puerta cerrada y testigos familiares
El procedimiento judicial se desarrolla ante la sección cuarta de la Audiencia gerundense y ha comenzado con las declaraciones de las víctimas en sesión reservada. Posteriormente, han comparecido familiares que han aportado detalles relevantes sobre la detección de los hechos. Una madre descubrió la situación cuando su hija menor, con discapacidad, le pidió utilizar la habitación bajo el pretexto de que "un amigo" tenía que ir allí para hacerle "unas fotografías". Ante la sorpresa materna, la menor se encerró en la habitación pero la madre consiguió acceder al teléfono móvil de la chica.
A través del dispositivo electrónico, la familia encontró conversaciones en Instagram con dos perfiles diferentes; uno aparentaba ofrecer ayuda mientras animaba a la víctima a enviar más imágenes, mientras que el otro perfil amenazaba con difundirlas si no cumplía las demandas. El hermano de la víctima explicó textualmente que una de las cuentas "hacía ver que quería ayudarla" pero a la vez impulsaba el envío de imágenes a la cuenta amenazante.
El escrito provisional expone que desde junio de 2018 el acusado contactaba con una menor ofreciendo dinero o regalos a cambio de imágenes sexuales explícitas. La conversación inicial incluía mensajes donde manifestaba buscar "niñas de 12 a 16 años" para participar en "juegos por webcam", prometiendo cualquier cosa que deseara como contraprestación.
A partir de aquí, según el ministerio público, persuadió a una joven para que le enviara varias fotografías comprometedoras. Para aumentar la presión sobre ella y asegurar su cumplimiento continuado, recurrió a amenazas explícitas: enviaba las imágenes recibidas tanto a conocidos como a miembros de la familia asegurando que las haría públicas "en todo el instituto" si no seguía enviando material.
Además, proponía encuentros personales para mantener relaciones sexuales grabadas después de obtener la dirección física; sin embargo, estas citas nunca llegaron a producirse gracias al descubrimiento familiar y posterior denuncia.
Ciberacoso a los otros menores
Por otra parte, entre junio y julio del mismo año coaccionó a una segunda víctima también menor de edad con discapacidad psíquica mediante ofertas económicas similares para que le enviara imágenes desnudas; esta le habría remitido al menos dos fotografías antes de bloquearlo ante las continuas intimidaciones.
A finales de agosto se sumaron dos víctimas más: una adolescente de 16 años que le remitió cinco fotos pornográficas como mínimo; y otra menor también de quince años quien a pesar de los intentos no le facilitó ninguna imagen.
El origen policial del caso data del momento en que los Mossos d'Esquadra iniciaron investigaciones a raíz de denuncia familiar detectando al sospechoso —residente en Blanes (Selva)— contar con antecedentes similares. Fue arrestado el 16 de agosto de 2018; durante el registro telefónico se le localizaron hasta 89 archivos clasificados como pornografía infantil donde figuraban niñas menores claramente inferiores a los 16 años.
Cargos penales y petición fiscal
La acusación pública atribuye al procesado tres delitos relacionados con corrupción de menores vinculados a elaboración y posesión de pornografía infantil; dos casos constitutivos de ciberacoso sexual (child grooming); así como un delito adicional por amenazas condicionales.
Ante estos cargos, solicita condenarlo a cumplir 37 años y 9 meses reclusión mayor ordinaria. Además requiere indemnizaciones económicas conjuntas valoradas en 30.000 euros destinadas a los perjudicados por el concepto responsabilidad civil derivada de los actos cometidos.
Se observa también que esta persona acumula previas condenas judiciales -en concreto cuatro- dictadas por los juzgados provinciales correspondientes a los municipios catalanes Mataró, Lleida y Castelló de la Plana relacionadas igualmente con delitos contra menores sobre materiales pornográficos. Por ello se aplica al caso actual un agravante específico referente multirreincidencia conforme establecen los códigos penales vigentes.
La audiencia continuará el próximo martes donde está previsto escuchar nuevas testigos antes de que el jueves declare finalmente el acusado cerrando así las sesiones programadas hasta ahora dentro de este complejo proceso penal referido a los abusos digitales contra menores vulnerables.
