Una vecina de La Bisbal d'Empordà acumula más de veinte años abonando la hipoteca de un piso donde nunca ha podido residir. Francesca Mir recibió las llaves de un cuarto piso situado en la calle Santa Maria del Puig el 15 de diciembre de 2005. Tan solo quince días después, el Ayuntamiento declaró el edificio en situación de peligro de ruina y le exigió devolver las llaves.
Intento frustrado de rehabilitación
El objetivo inicial de Francesca era llevar a cabo una reforma integral para poder vivir allí. No obstante, desde el consistorio le comunicaron que la vivienda solo podría ser habitable si se realizaba una rehabilitación completa del inmueble, un coste que no podía asumir individualmente. El principal inconveniente radica en que solo hay otro propietario con quien negociar, mientras que los otros son entidades bancarias o fondos de inversión.
Dos décadas sin acceso pero con pagos continuos
Tanto Francesca Mir como su vecino, Àngel Piedra, conviven con esta situación insostenible hace más de veinte años. El edificio donde residen está pegado mismo al consistorio bisbalense: ella es propietaria del cuarto piso y él tiene un local en los bajos. Según relata Francesca, antes de adquirirlo consultó al Ayuntamiento sobre posibles cargas o requerimientos y le informaron que solo había un problema puntual en la fachada que se podría reparar. También destaca que la antigua propietaria le aseguraba que todo estaba correcto. En sus palabras: "El día 15 de diciembre me dan las llaves y el 30 me lo precintan, por riesgo de derrumbe, según ellos".
Cargos económicos acumulados injustamente
Este período se ha traducido en decenas de años pagando no solo la hipoteca sino también otros impuestos relacionados con el inmueble. Francesca ha tenido que asumir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tasas por basuras durante varios ejercicios e incluso más de 2.000 euros correspondientes a gastos generados por arreglar la calle donde está ubicado el piso —lugar donde nunca ha vivido.
Falta de información y dificultades administrativas
Ambos afectados aseguran haber visitado "incontables veces" las oficinas municipales buscando una solución con diferentes gobiernos locales sucesivos. No obstante, denuncian que únicamente se les planteaba la necesidad de una rehabilitación total del bloque, cosa que han considerado "imposible" dado que los otros dos pisos restantes son propiedad de los bancos o fondos buitre, entidades cambiantes en el tiempo.
La Francesca critica: "Nosaltres hem preguntat i demanat que ens diguessin amb qui havíem de contactar, però mai ens han dit res i no sé com poden pensar que entre nosaltres dos podem assumir tot el cost". Tant ella com l'Àngel lamenten no haver rebut informació clara sobre els altres immobles ni contacte dels seus titulars, fet que ha impedit dur a terme cap mena d'arranjament parcial; segons afirmen algunes constructores veien viable reformar pis a pis.
Deterioro progresivo hasta declaración definitiva en ruinas
A medida que pasaban los años sin mantenimiento ni actuaciones correctivas, el estado estructural empeoró considerablemente hasta el punto de que el consistorio inició trámites para que en 2021 se declarara definitivamente el edificio en ruinas.
Esta declaración suponía dar un plazo máximo de dos años a los propietarios para que efectuasen las reparaciones necesarias; si no se cumplía este plazo —previsto entre 2023 y 2024— se activaría una ejecución forzosa mediante expropiación municipal basada en una tasación previa.
Situación atascada genera incertidumbre entre los vecinos
No obstante, esta última fase parece paralizada actualmente según denuncian los afectados. La Francesca manifiesta: "Ahora solo me importa que me paguen y pueda rebajar la deuda con el banco. Asumo que habrá perdido todo ese dinero", a la vez que critica no haber recibido información sobre cuál era exactamente el valor asignado a la tasación.
Respuesta municipal ante un caso complejo
Fuentes oficiales del consistorio bisbalense reconocen tratarse de un caso "singular y complejo" pero aseguran estar trabajando intensamente para garantizar a los vecinos "la mejor solución posible".
El Ayuntamiento explica estar pendiente de recibir una valoración formal sobre el inmueble antes de iniciar los procedimientos legales para hacer efectiva la expropiación forzosa tanto del bloque como de las viviendas implicadas.
Además indican haber mantenido diversas reuniones con los afectados así como gestiones administrativas encaminadas a eliminar cargos económicos pendientes como retirarles el impuesto municipal correspondiente a la basura impagada durante años y aplicarles solo la cuota mínima establecida por IBI.
