Los alcaldes de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas; de Castell, Platja d’Aro i S’Agaró, Maurici Jiménez i Calonge; y de Sant Antoni, Jordi Soler, han denunciado esta mañana la improvisación en el proceso de cierre del vertedero de Solius, y han lamentado los incrementos de costes que plantea la Agencia Catalana de Residuos, un aumento que consideran inasumible.
Los alcaldes han manifestado su disconformidad con la manera en que se ha llevado a cabo toda la gestión del cierre, y reclaman un encuentro con la Consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, para negociar las condiciones del cierre del vertedero de Solius.
Lo que quieren es "transparencia, luz y taquígrafos para evitar cambios inesperados en acuerdos o cifras, que hacen muy difícil dar una respuesta eficaz a la ciudadanía". Los tres alcaldes se han quejado de la falta de planificación, la precipitación, improvisación y la falta de formalidad en las negociaciones.
El primero en hablar ha sido el alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, quien ha lamentado "la precipitación de la Generalitat en momentos donde aún había margen para hacer una planificación ordenada del cierre del vertedero. En cambio, la Agencia de Residuos de Cataluña decidió tirar por el camino fácil".
Motas ha lamentado que ha habido muchos momentos donde se han conocido cifras a través de los medios de comunicación. "Nos quejamos de la informalidad: las decisiones se deben tomar en base a estudios y costes correctos y no modificables una vez ya presentados. Queremos que acabe la improvisación y vayamos a criterios serios", ha dicho.
Por su parte, el alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, ha explicado que "compartimos una inquietud: hacia la ciudadanía, y hacia las formas en cómo se están haciendo las cosas". Ha explicado que "de un día para otro vemos cambios, y que las cifras ya no son las mismas a los primeros acuerdos". Ha explicado que "primero nos encontrábamos ante un marco posible, pero a cada momento van saliendo cifras nuevas, estudios de costes diferentes, que pueden llegar a ser exageradamente elevados, y esto nos provoca una inquietud profunda", ha dicho.
Además, Jiménez ha recordado que las decisiones de 2005 deberían seguir siendo vigentes. Ya entonces se hablaba de que la Agencia de Residuos de Cataluña se hacía cargo de los gastos de cierre.
El alcalde recordaba que en las primeras reuniones "se habló de costes de 126 euros por tonelada, aproximadamente, que significaba de forma mediana para los tres municipios presentes entre 130.000 y 180.000 euros de incremento. Hoy en día ya se habla de 207 euros por tonelada, lo que ya empieza a imposibilitar la gestión, porque se puede encaramar hasta los 800.000 o 900.000 euros, dependiendo de las toneladas producidas".
Desde Calonge i Sant Antoni, su alcalde, Jordi Soler, ha dicho que "nos sentimos extremadamente molestos. Se decidió cerrar el vertedero cuando aún había recorrido judicial. Ahora cada semana hay números diferentes. No se han parado a hacer las cosas bien; nos dieron una cifra inicial que, a pesar de ser superior a la esperada, la aceptábamos haciendo ejercicios presupuestarios. Después esta cifra inicial ha ido aumentando hasta ser inasumible y cada día nos enteramos de conversaciones nuevas, con cifras nuevas. Necesitamos una reunión al más alto nivel, o sea, con la consejera y exigimos rigor y tener claro dónde estamos".
