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Comprar una casa nunca es una gestión fácil, pero una vez está todo listo el último paso es confiar en la notaría para firmar la escritura. Este trámite significó un mal de cabeza para una familia de Salt (Gironès) en octubre de 2007, cuando adquirieron sin conocimiento una casa con cargas. Ahora, 17 años después, la notaria que les aseguró que aquella vivienda ya no tenía deudas ha sido condenada a pagar casi 300.000 euros de indemnización.
Tal y como han informado desde el Diari de Girona, Josep Maria Ramo y su mujer hicieron todos los trámites para la compra del inmueble. En el momento de firmar la escritura, se dieron cuenta de que la casa tenía una carga hipotecaria, la cual la notaría escogida por la promotora aseguró que ya se había pagado.
La notaria dejó por escrito en la escritura que “la vivienda estaba libre de cargos”
Después de que los compradores se dieran cuenta del problema, la notaría tomó la decisión de escribir en la escritura que la vivienda estaba “libre de cargos” y que “las partes habían manifestado que estaba pendiente de cancelación notarial y registral“. Por eso, la familia no sospechó y acabó firmando.
El problema llegó en agosto de 2016, cuando a las puertas de cumplir la decena de años en el inmueble la familia recibió una notificación judicial de ejecución hipotecaria. La deuda asciendía a más de 200.000 euros y como la promotora no liquidó el préstamo tras la venta, el juzgado les reclamaba la deuda.
La primera idea fue reclamar en la parte vendedora, pero ésta se había declarado insolvente. De esta forma, la única alternativa que tenían Josep Maria y su mujer fue emprender acciones legales contra la notaria por mala praxis.
Los juicios se han alargado durante seis años
La demanda civil por daños y perjuicios por mala praxis notarial no tardó en llegar a la notaria y después de que el juzgado de Primera Instancia 4 de Girona la considerara como culpable, ésta recurrió. El tribunal gerundense consideró a la familia que compró el inmueble como víctimas y resolvió que la notaria debía abonar las cantidades que exigía la ejecución hipotecaria.
La resolución judicial dictaminó que no era “prudente” que la notaria asegurase que se habían abonado las cargas hipotecarias sin comprobarlo previamente. Además, también se le acusaba de “no informar debidamente al comprador de los riesgos que asumía en caso de que la manifestación fuera falsa o inexacta”.
El Tribunal Supremo ha considerado firme la sentencia de 285.000 euros de indemnización
La acusada alegó que había sido “engañada” pero ante la negativa del juez, envió la causa al Tribunal Supremo. El máximo organismo judicial también consideró como víctimas a los compradores y aunque consideró firme la sentencia en 2021, es este año cuando se ha ejecutado la sentencia.
Finalmente, Josep Maria Ramo y su mujer no han perdido la casa y la notaria ha abonado cerca de 285.000 euros, tal y como dictaba la sentencia. Tras 8 años de desperdicio, el matrimonio ha asegurado que el proceso les ha “tomado la salud y la belleza”. Además, la resolución judicial no ha incluido los 70.000 euros de gastos que han llevado a cabo, lo que les ha dejado con una sensación agridulce tras regularizar su situación.
