Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 58 personas y han desmantelado un grupo con epicentro en Figueres que regularizaba la situación de inmigrantes a través de contratos de trabajo fraudulentos y uniones de parejas de hecho ficticias que ejecutiva una gestoría. Hay 50 personas identificadas más. Los investigados, que habrían obtenido unos 350.000 euros de beneficio, exigían varios pagos a las personas que querían regularizar su situación, que oscilaban entre los 3.000 y los 5.000 euros, aunque no se descarta que estas cantidades fueran superiores, atendiendo a la necesidad del ciudadano extranjero y sus posibilidades económicas.
Los contratos fraudulentos eran de corta duración, coincidiendo con los plazos de la administración para resolver las solicitudes de residencia. El operativo policial se realizó en dos fases durante los meses de noviembre y diciembre de 2023. El día 21 de noviembre se inició la primera fase, donde se detuvo a las primeras 55 personas implicadas.
Posteriormente, el día 13 de diciembre se realizó la segunda fase del operativo donde se llevaron a cabo dos entradas y allanamientos, tanto en el despacho profesional de una de las principales personas investigadas, como en su domicilio. Los agentes intervinieron gran cantidad de documentación relacionada con la investigación y detuvieron a tres personas relacionadas con la actividad criminal.
La investigación comenzó a raíz de varias denuncias presentadas por clientes de una gestoría contra sus responsables por prácticas presuntamente fraudulentas. En este punto, se formalizó un equipo conjunto de investigación con la Policía Nacional.
El equipo conjunto de ambas policies pudo localizar hasta 24 procedimientos judiciales o denuncias que continuaron aumentando el grueso de perjudicados. Los agentes identificaron 95 contrataciones dadas de alta de manera fraudulenta en la Seguridad Social, a nombre de los denunciados o de sus empresas. Los contratos de trabajo eran falsos, ya que los perjudicados desconocían la existencia de estos documentos, así como tampoco reconocían su firma en los mismos.
La propia gestoría investigada tenía autorización para activar altas de supuestos trabajadores en el sistema de cotización de la Seguridad Social, a cargo de su cartera de clientes que disponían de firma digital. Los perjudicados podían ser tanto empresarios o autónomos que tenían contratado este despacho con el fin de realizar trámites burocráticos con la administración, o personas físicas que hacían tramitaciones puntuales, como podían ser declaraciones de renta. Cuando los perjudicados detectaban esta actividad irregular y reclamaban al despacho, los investigados aducían que se trataba de un error de la gestoría y que procederían a enmendarla.
También se investigaron 24 parejas de hecho ficticias entre personas nacionales con ciudadanos extracomunitarios para facilitar su regularización administrativa, inscritas en el registro de parejas estables de hecho de Cataluña. Los agentes constataron que en 21 de estos casos, los ciudadanos extracomunitarios implicados solicitaron la residencia, por ser familiar de una persona nacional, y en 16 se consiguió la regularización. Entre una de estas parejas investigadas se encontraba la unión entre una ciudadana extranjera y uno de los principales investigados.
Tres funciones dentro de un mismo entramado
Dentro del entramado delictivo existían varios roles asignados a los investigados. Los responsables de la gestoría eran los que llevaban a cabo junto con otras personas de origen extranjero la dirección de la actividad criminal del entramado.
Por un lado, desde la gestoría se elaboraban los contratos laborales ficticios que eran presentados a la Seguridad Social. También generaba, de manera fraudulenta, documentación necesaria para inscribir a una pareja de hecho en el registro de parejas estables de hecho de Cataluña del Departamento de Justicia. Finalmente, también se pudo acreditar durante la investigación el empadronamiento fraudulento en domicilios para acreditar la convivencia entre los miembros de las parejas de hecho investigadas.
Por otra parte, otras personas, no relacionadas formalmente con la gestoría, eran los encargados de captar inmigrantes extranjeros en situación administrativa irregular, para, a cambio de dinero, iniciar los trámites de regularización fraudulentos.
Los investigadores identificaron a una serie de personas, principalmente mujeres, que eran las que, en connivencia con la trama criminal, facilitaban sus datos con el fin de inscribirse como pareja de hecho con los ciudadanos extranjeros, a cambio de una cantidad económica.
Una vez se disponga de sentencia judicial para el enjuiciamiento de esta causa, se podrá revocar la documentación obtenida de manera ilegal. Corresponderá a la autoridad judicial solicitar esta revocación a la subdelegación del gobierno. A los detenidos se les atribuyen delitos de falsificación documental y contra los derechos de ciudadanos extranjeros.
