La comitiva judicial, acompañada de un amplio dispositivo policial con varios furgones de l'ARRO dels Mossos ha llegado al barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs para ejecutar los primeros tres desalojos -de un total de 58- de los conocidos como Bloques de la Rambla, ocupados desde 2017.
Se trata de pisos públicos que cayeron en el olvido de las administraciones, pero que ahora el Consorci de la Mina quiere recuperar para destinarlos a vecinos que deben ser realojados del bloque Venus, que hay que derribar en 2028 como pieza clave del proyecto para transformar el barrio. Cerca de 40 personas se han concentrado a las puertas de los bloques con vallas de obra para evitar el desalojo, pero los Mossos han retirado los elementos y han reventado la puerta.
De los tres casos de desalojo que hay este jueves, dos afectan a familias con niños a cargo que no tienen alternativa de vivienda, según detalla el Sindicat de l'Habitatge. También denuncian que desde hace años, las familias reclaman regularizar su situación y acceder a contratos de alquiler adaptados a su renta.
"Exigimos que se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real", reclaman. El colectivo defiende que hay "alternativas" viables, como la movilización de viviendas vacías, la ampliación del parque público o, directamente, la regularización de la situación de las familias de los bloques: "No faltan herramientas, sino voluntad política".
INFORMES DE VULNERABILIDAD
Desde el inicio del conflicto, sin embargo, desde el Consorci de la Mina se ha explicado que en la mayoría de los casos no se trata de familias vulnerables a quienes poder ofrecer una alternativa: "No son casos en seguimiento". Los que sí lo sean, se ha insistido, recibirán la respuesta adecuada de acuerdo con los protocolos establecidos.
Las familias, sin embargo, aseguran que desde 2021 se les está haciendo seguimiento "contemplando la posibilidad de establecer alquileres sociales". Esta vía, sin embargo, se habría abandonado hace unos meses, coincidiendo con el anuncio de los nuevos planes de transformación del barrio. Fue entonces cuando los vecinos comenzaron también a recibir las notificaciones de desalojo.
En este sentido, las familias afectadas de los bloques y el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs exigen la paralización del proceso judicial para el desalojo y la apertura de una mesa de negociación para encontrar soluciones. Por ahora, hay más desahucios previstos los días 22, 25 y 29 de junio.
"Las vidas de la gente de La Mina no pueden ser moneda de cambio de los cálculos políticos y electorales, y la administración debe dar marcha atrás en este conflicto, que puede abrir una herida en el barrio que será difícilmente reparable", concluye el Sindicato de la Vivienda en un manifiesto.
PISOS PEL REALLOTJAMENT DE L'EDIFICI VENUS
Cuando se construyeron, en 2010, los bloques de pisos ahora ocupados se habían proyectado con el objetivo de ofrecer un realojamiento en el mismo barrio a los afectados por el derribo de Venus. Las viviendas, sin embargo, acabaron vacías por las desavenencias entre las administraciones y los vecinos sobre los criterios y las condiciones del realojamiento.
Tras años de abandono, el verano de 2017 arrancó una ocupación masiva. A pesar de que los bloques contaban con vigilancia permanente, esta acabó cayendo cuando estalló un caso de desvío de fondos públicos a clanes familiares para llevar a cabo esta vigilancia.