Los Mossos d'Esquadra investigan a dos hombres que, sobre unos terrenos donde no se podía edificar nada, erigieron un asentamiento ilegal constituido por módulos prefabricados y caravanas que se conectaban a pozos ciegos y fosas sépticas, sin ningún tipo de permiso ni control.
Los dos individuos cobraban por cada parcela una media de 300€ al mes, llegando a obtener unos beneficios superiores al millón de euros.
El Ayuntamiento de Mataró denunció los hechos a Fiscalía de Medio Ambiente en junio de 2024. Este asentamiento, además, suponía un grave riesgo para las personas y el medio ambiente debido al elevado peligro de incendio forestal.
Ahora los dos 'emprendedores' están investigados por delitos contra el medio ambiente, defraudación eléctrica (ya que la luz era pinchada) y blanqueo de capitales, dado que no declaraban la actividad.
