La Asociación de Vecinos y Vecinas del Gornal mantiene su reivindicación para que los pisos de protección oficial del barrio puedan pasar al mercado libre. La entidad no descarta convocar protestas si no se modifica la Ley de Vivienda 11/2025, que mantiene la calificación de protección para unos 1.500 viviendas del Gornal.
El conflicto se centra en el artículo 5.8 de la norma, que establece que los pisos protegidos no pierden esta condición si se encuentran en zonas tensionadas, como es el caso de L'Hospitalet de Llobregat. Según la asociación, esto vulnera el derecho de propiedad, ya que muchas de estas viviendas tenían previsto pasar al mercado libre después de 50 años.
“Nosotros queremos poder solicitar el 4 de noviembre de 2026 que nuestra vivienda sea libre”, ha afirmado la presidenta de la entidad, Yolanda Martínez Pérez, que considera que la ley supone “una especie de expropiación parcial de nuestros derechos”.
RECLAMAN UNA MODIFICACIÓN “QUIRÚRGICA”
Todo el mundo quiere más pisos de protección oficial. Pero cuando se es propietario, todo el mundo quiere venderlos por el precio más alto posible. Es el caso de los vecinos del Gornal que compraron sus viviendas protegidas hace ahora 50 años.
Los vecinos critican que la medida se aplique de forma retroactiva a promociones con décadas de antigüedad y piden que solo afecte a las nuevas construcciones. Según la entidad, otras zonas de la ciudad también se encontrarían en una situación similar, como la Remunta o varias calles con vivienda protegida.
El gobierno defiende que la norma busca evitar que estos pisos pasen al mercado libre mientras dure la tensión residencial e impedir así la entrada de fondos de inversión que puedan encarecer los precios.
Ante esto, la asociación ha iniciado contactos con grupos del Parlament para introducir cambios puntuales en la ley. Aseguran que su objetivo no es especular, sino disponer plenamente de sus viviendas. “Vivimos en L'Hospitalet, no en Pedralbes ni en Sarrià”, ha remarcado Martínez.
CUENTA ATRÁS HASTA 2026
Los vecinos quieren una respuesta antes de noviembre de 2026, cuando se cumplirán los 50 años de estas viviendas. Si no llega, no descartan movilizaciones y ya trabajan coordinadamente con otras entidades vecinales de Cataluña.
Según la asociación, habría predisposición de PSC y ERC para modificar la ley, mientras que las principales dudas llegarían desde los Comuns. El conflicto, sin embargo, continúa abierto y con el calendario en marcha.
