Un inquilino del barrio de la Sagrera de Barcelona ha presentado una querella contra el juez que ha ordenado el desalojo del local comercial donde vive. Según el inquilino, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ordenó paralizar el desalojo, pero el magistrado lo ha ordenado por cuarta vez y lo ha fijado para el próximo 17 de febrero. Por ello, le acusa de prevaricación, por ir contra la resolución de un organismo internacional del que el estado español ha firmado el tratado. En concreto, la querella, que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque el juez es aforado, va dirigida al magistrado del juzgado de primera instancia número 9 y su letrada de la administración de justicia.
Desde el Sindicato de Vivienda de Sagrera se oponen a un desalojo que dejaría en la calle a tres personas vulnerables sin alternativa habitacional. Es la cuarta convocatoria de lanzamiento, después de haber conseguido detener tres.
La vivienda de David es un local sin cédula de habitabilidad. El alquiler de locales como viviendas no es una práctica excepcional, ya que el precio de compra es inferior y, en cambio, el precio de alquiler es el mismo que el de las viviendas con cédula. Esta anomalía da lugar a situaciones de abuso muy diversas, según el sindicato. A veces se trata de lugares poco o nada habilitados, con equipamientos básicos deficientes o inexistentes (cocina, baño).
En un comunicado, el sindicato afirma que la detección de viviendas en inmuebles sin cédula de habitabilidad debería conllevar la iniciación de un expediente sancionador y el realojo en una vivienda mediante la mesa de emergencia. "Pues bien, esto nunca sucede así. Todo lo contrario, los obstáculos para acceder a una vivienda de protección son diversos, ya que no se puede acceder al registro de solicitantes si se vive en un local", asegura el escrito. Además, añade: "La respuesta de Servicios Sociales y Vivienda ante el caso de David ha estado marcada por el racismo institucional, hecho que hemos denunciado a través de nuestras redes sociales, ya que han puesto trabas para tramitar su certificado de vulnerabilidad y lo han tratado con desprecio, culpabilizándolo de su situación".
El sindicato asegura que el hombre fue víctima de un engaño en el proceso de alquilar el local. En su búsqueda por encontrar piso, recién llegado de Colombia, se encontró con las dificultades para conseguir alquilar un piso en Barcelona, dificultades que se multiplican y se agravan para las personas migrantes o racializadas. Tras una difícil y larga búsqueda, le ofrecieron un contrato a cambio de pagar un año por adelantado en el local donde vive actualmente. Ante las negativas de las demás opciones, David dio todos sus ahorros a la persona que se mostraba como inquilina, que nunca apareció a darle el contrato después de recibir el dinero. Poco después de entrar a vivir en el local se enteró de que había una orden de desalojo sobre el local y ya comenzó todo el proceso judicial.
Según el comunicado, "el juzgado ha mostrado una clara voluntad de desprecio hacia la situación de David. A pesar de la interposición de recursos se ha mostrado implacable". El pasado mes de mayo se detuvo un primer desalojo denunciando la situación al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que ordenó su suspensión. Acto seguido, la propiedad volvió a solicitar el desalojo y el juzgado accedió, "acto que constituye no sólo un incumplimiento flagrante del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que podría constituir incluso un delito de prevaricación". El segundo desalojo, en julio, también se pudo detener, pero en noviembre se volvió a señalar. El desalojo se consiguió detener en el último minuto en la misma puerta. De nuevo, el juzgado ha vuelto a señalar para este mes de febrero el cuarto lanzamiento que, si se ejecuta, dejará a David y a su familia en la calle y sin alternativa.
Por eso la entidad ha presentado una querella contra el juez por prevaricación, ya que "ha estado dictando una y otra vez una resolución injusta y contraria a la ley, pasando por alto la resolución de la ONU que ordenaba la suspensión del desalojo y cabe recalcar que éste forma parte de un tratado internacional que España ha ratificado y por tanto debe respetarse".
