El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso de un padre del Institut Escola El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), y ha reconocido el derecho de su hija a recibir al menos un 25% de la enseñanza en castellano. La resolución, que aplica la doctrina avalada recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), obliga al centro a impartir en castellano, además de la asignatura de lengua, otra materia no lingüística.
La sentencia aplica la doctrina del TEDH sobre el 25% de castellano
Se trata de la primera resolución del TSJC que incorpora el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, emitido el pasado mes de mayo, sobre la legalidad de fijar un mínimo del 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas.
El tribunal considera que el proyecto lingüístico del Institut Escola El Pi Gros no garantiza una presencia suficiente del castellano y concluye que limitar su uso prácticamente a la asignatura específica vulnera el equilibrio que, según la sentencia, debe existir entre las dos lenguas oficiales.
Por este motivo, ordena que la alumna reciba, además de la materia de lengua castellana, otra asignatura troncal o equivalente en castellano.
La medida afectará a toda la clase
La resolución establece que esta enseñanza en castellano deberá impartirse a toda el aula donde está escolarizada la alumna, y no únicamente a la menor que presentó la demanda.
A pesar de rechazar la anulación del proyecto lingüístico del centro, el TSJC sostiene que la normativa aprobada por el Parlament en 2022 para evitar la aplicación de porcentajes no elimina el derecho de los alumnos a recibir enseñanza también en castellano.
La sentencia también cita la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre la rotulación de las escuelas públicas, que obliga a incluir el castellano junto con el catalán.
Plataforma per la Llengua recurrirá la decisión
Plataforma per la Llengua ha anunciado que presentará recurso contra la sentencia para evitar que se imponga el 25% de castellano en este centro educativo.
La entidad considera que la resolución abre una nueva vía judicial para incrementar la presencia del castellano en las escuelas catalanas y denuncia que supone "un ataque más contra la escuela en catalán".
Según Plataforma per la Llengua, la decisión judicial forma parte de una ofensiva contra el modelo de inmersión lingüística y reclama convertir la defensa del catalán en una prioridad de las movilizaciones educativas del próximo curso, argumentando que es un elemento clave para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el futuro de la lengua catalana.
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