El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la legalidad del desalojo del antiguo instituto B9, en el barrio del Remedio de Badalona, al desestimar el recurso de apelación presentado por los ocupantes del inmueble. La resolución judicial avala la actuación del Ayuntamiento de Badalona y ratifica que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente. El desalojo se ejecutó el 17 de diciembre de 2025.
El tribunal descarta irregularidades en el procedimiento
En la sentencia, el TSJC concluye que "no ha existido ninguna irregularidad procedimental" y considera acreditado que el Ayuntamiento tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad social de los ocupantes durante todo el proceso.
De esta manera, el tribunal rechaza los argumentos de los recurrentes, que denunciaban una presunta vulneración de derechos fundamentales, y determina que las personas afectadas pudieron presentar alegaciones y ejercer las acciones judiciales que consideraron oportunas, sin que se produjera ninguna situación de indefensión.
La autorización judicial era necesaria y proporcional
La resolución también valida que la autorización judicial para acceder al inmueble era una medida necesaria, idónea y proporcional para recuperar un edificio de titularidad municipal.
Además, el TSJC considera acreditado que el Ayuntamiento activó los protocolos municipales de atención a las personas en situación de vulnerabilidad antes de ejecutar el desalojo.
Esta sentencia se añade a otras resoluciones judiciales que ya habían dado la razón al consistorio tanto en el procedimiento de recuperación de la posesión del inmueble como en las actuaciones desarrolladas durante el proceso.
Albiol destaca el aval judicial
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha valorado positivamente la decisión del TSJC y ha asegurado que el aval de la justicia demuestra que el Ayuntamiento ha actuado "con rigor profesional, siguiendo los procedimientos establecidos y con un objetivo claro: garantizar la seguridad y la convivencia en la ciudad".
Albiol también ha reiterado que el gobierno municipal mantiene el compromiso de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, pero ha remarcado que este objetivo "es incompatible con la permisividad ante aquellos comportamientos incívicos o delictivos que alteran el bienestar de nuestros barrios".
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