La empresa municipal Taigua llevará a su Consejo de Administración este viernes 14 de noviembre la propuesta de traspasar la gestión de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Abrera al Ens d’Abastament Ter-Llobregat (ATL) por un importe de 6,1 millones de euros. Si el consejo da luz verde, la decisión se debatirá en el pleno municipal de finales de noviembre para su aprobación definitiva.
Taigua gestiona la planta desde el 2018, cuando el Ayuntamiento de Terrassa municipalizó el servicio que hasta entonces explotaba Mina Pública d’Aigües de Terrassa. En estos siete años, la compañía pública ha invertido 6,18 millones de euros. Aun así, la Generalitat reclama desde hace tiempo la reversión de la instalación, argumentando que por ley la competencia de abastecimiento de agua en alta corresponde a ATL.
La propuesta responde a esta petición del Gobierno catalán y a la necesidad de adecuar las inversiones del servicio. Sin embargo, el Ayuntamiento no está obligado a ceder la planta, ya que la concesión no vence hasta el 2060, según la normativa estatal.
La venta supondría un incremento en la factura del agua para los vecinos y vecinas
La venta comportaría un cambio profundo en la estructura de costes. En 2025, Taigua prevé gastar 1,86 millones de euros en la compra de agua, pero en 2026, si se aprueba la reversión, el gasto subiría hasta los 8,19 millones, un incremento del 341%. De esta cantidad, más de 5 millones serían una cuota fija de reserva que se debería pagar independientemente del consumo que se realice.
Aunque la compañía calcula ahorros de 1,2 millones en personal y 1,83 millones en energía, las cifras no compensan el aumento de la factura. El precio final dependerá de las tarifas de ATL, que aún no se han hecho públicas.
Taigua solo ha realizado un tercio de la inversión prevista
Taigua no ha podido ejecutar un tercio de la inversión prevista para el sistema de captación y tratamiento durante el 2025, lo que pone en duda su capacidad para mantener las instalaciones. Una jugada maestra del Ayuntamiento de Terrasa que traspasaría al Ens del Ter-Llobregat el coste de las inversiones no realizadas mientras que el consistorio financiaría gasto corriente con la venta. Además, la gestión por parte de TAIGUA permite que esta pueda optar a las diferentes líneas de subvenciones, sin tener que repercutirlo a las tarifas que pagan los ciudadanos, que se convocan a través de la Agencia Catalana del Agua. En cambio, si se materializa la venta, será ATL quien ejecute las obras repercutiendo el gasto en subidas en la factura del agua que pagan todos los egarenses.
En cuanto al presupuesto de 2026, TAIGUA prevé destinar los ingresos de la venta, 6,15 millones, a gastos ordinarios y a un plan de inversiones de 5,7 millones. Lo que más sorprende de estos datos es que aunque la compañía prevé cerrar el ejercicio con un superávit de más de 8 MEUR, no amortiza el préstamo de más de 3,2 millones de euros, un hecho que supone 384.000 euros anuales en intereses.
Mientras tanto, la compañía prevé cerrar el ejercicio con 8,2 millones de euros en caja, pero mantiene un préstamo de 3,2 millones, que genera 384.000 euros anuales de intereses.
Subida de tarifas de la ATL: en 2024 lo hizo un 30% y se prevé que en 2026 lo haga un 7,5%
La incorporación de ATL como proveedor principal tampoco está exenta de polémica. Un informe de la Sindicatura de Cuentas del 2022 advertía que las tarifas de ATL no cubrían sus costes, y que eso obligaría a subidas importantes. De hecho, ATL ya subió las tarifas un 30% en 2024 y prevé un incremento adicional del 7,5% en 2026.
La medida afecta a otros municipios del Vallès Occidental
El proceso de reversión de la planta potabilizadora de Abrera se está realizando en un contexto marcado por la opacidad y la falta de transparencia, tanto hacia la ciudadanía como hacia los ayuntamientos vecinos de Viladecavalls, Ullastrell y Matadepera, que también se ven afectados por las concesiones de agua gestionadas por el municipio en el río Llobregat. El futuro del agua está en juego con una operación que reduciría el patrimonio municipal y aumentaría la dependencia de Terrassa de la ATL, con posibles repercusiones directas en la factura del agua para la ciudadanía.