El Ayuntamiento de Terrassa, a través del programa de Memoria Democrática, impulsará tareas de estudio histórico y documentación sobre la fosa común de la Guerra Civil que hay en la ciudad. El Consistorio destinará 3.000 € procedentes de una subvención del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, recibida a través de la eederación Española de Municipios y Provincias.
El objetivo de este estudio es avanzar en el conocimiento de la fosa o fosas de la Guerra Civil en Terrassa, dado que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si hay una o más de una, ni se sabe si todas las personas que fueron enterradas están identificadas. Se tiene constancia de dos actuaciones en la fosa común después de la guerra, una en 1941 y otra en 1958, para trasladar algunos restos al Valle de los Caídos, pero no hay constancia de actuaciones posteriores ni registros plenamente fiables. A día de hoy se estima que hay enterradas alrededor de un centenar de personas, civiles y militares, de ambos bandos, pero no hay estudios definitivos.
La concejala de Memoria Democrática, Ona Martínez, afirma que "este es un paso más en la línea de acciones recientes como el estudio sobre el coste humano de la Guerra Civil en Terrassa, presentado a principios de año, pero queremos seguir avanzando en este camino y, en la medida de lo posible, avanzar hacia el pleno conocimiento de los hechos, por justicia y por respeto a las víctimas de la guerra".
El Ayuntamiento concurrió a una convocatoria de subvenciones del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que tiene por objeto financiar actuaciones que lleven a cabo los ayuntamientos para la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas de la guerra civil y el franquismo.
Los estudios se llevarán a cabo gracias a la colaboración del Centro de Estudios Históricos de Terrassa. Más adelante, en función de los recursos disponibles, se realizarán también tareas de geolocalización y prospección. En caso de que se lleguen a plantear intervenciones de prospección o, llegado el caso, de exhumación, el Ayuntamiento se coordinaría con la Generalitat de Cataluña, que es la administración que tiene esta competencia.