Los Mossos han desalojado un piso ocupado por un joven en el edificio conocido como la Casa Orsola, ubicado en el número 137 de la calle Calàbria de Barcelona. La policía ha identificado a varias personas que se habían concentrado en las puertas del inmueble para impedir la actuación policial. Lo ha informado la Red de Vivienda de la Izquierda del Eixample y fuentes de los Mossos. Poco después de las nueve y cuarto de la mañana, han llegado hasta el punto una decena de vehículos ARRO de la policía. Los agentes han acordonado la zona con los furgones y han procedido a retirar una a una a las personas que había bloqueando el acceso al bloque. Todo ello ha generado algunos momentos de tensión. Esta era la segunda vez que se intentaba ejecutar este desahucio.
La Red de Vivienda de la Izquierda del Eixample ha criticado la intervención policial y ha asegurado que los agentes han actuado con “violencia”. Con todo, fuentes policiales consultadas por la ACN han indicado que en ningún momento se ha hecho uso de la fuerza. Asimismo, han explicado que se han hecho varias identificaciones de las personas que han participado en la protesta.
En este domicilio vivía un joven de 22 años que “a pesar de tener trabajo no podría asumir el coste de pagar un alquiler en Barcelona”, según ha relatado la Red de Vivienda de la Izquierda del Eixample que ha denunciado que por su edad, el afectado no ha tenido acceso a un juicio, como sí sucede en otros casos.
Asimismo, ha recordado que este no es un caso aislado y que más del 60% de jóvenes de entre 18 y 29 años no viven donde les gustaría por motivos económicos. A la vez, ha avisado de que la media de edad de emancipación se encuentra alrededor de los 30 años.
Una vez se ha ejecutado este desalojo, las personas concentradas se han desplazado hacia la calle Roig, en el Raval de Barcelona, donde este lunes está previsto otro desahucio.
La Casa Orsola es una finca del Eixample con 27 viviendas y cuatro locales de alquiler. El edificio fue comprado por el fondo buitre Lioness Inversiones en 2021. A partir de ese momento, la propiedad comunicó a los inquilinos del inmueble que no se les renovarían los contratos de alquiler. Fruto de esta decisión se inició una lucha vecinal para llegar a un acuerdo con el fondo de inversión.