La indignación por la situación de la vivienda y los últimos casos de desahucios se ha trasladado este lunes a las calles de Barcelona, coincidiendo con la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se encuentra inmerso en las negociaciones con sus socios para aprobar un nuevo decreto de vivienda.
Por la mañana, el Sindicat de Llogateres ha cortado durante aproximadamente una hora la avenida Meridiana, en sentido Barcelona, a la altura del Hipercor. La protesta se ha hecho ante un bloque de pisos propiedad de una única persona. El Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu y el Sindicat de Llogateres denuncian que la propiedad no quiere renovar algunos contratos de larga duración y los quiere sustituir por alquileres de temporada.
Poco después, otro grupo de manifestantes que se concentraba en la calle Còrsega se ha dirigido hacia la avenida Diagonal con la intención de cortarla. Los Mossos d’Esquadra han impedido que el grupo llegara y finalmente la protesta se ha desconvocado.
¿Qué reclaman los inquilinos?
El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha situado en cuatro los principales puntos que, según la organización, debería incluir el nuevo decreto ley de vivienda: la renovación automática de los contratos, la congelación de los precios durante la vigencia del contrato, medidas contra las prácticas que consideran abusivas hacia los inquilinos y un mecanismo estructural para suspender los desahucios de personas vulnerables.
Aragonès ha advertido de que el colectivo no quiere medidas que considere insuficientes y ha afirmado que, si finalmente no se aprueba el decreto en los términos que reclaman, podrían convocar una huelga general.
Protesta ante el acto de Pedro Sánchez
La movilización tendrá continuidad esta tarde. El Sindicat de Llogateres ha convocado una manifestación a las 19 horas ante el Palau de Congressos de Catalunya, donde Pedro Sánchez presidirá la ceremonia de entrega de los Premios Vanguardia 2026.
El presidente español visitará también este lunes, junto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una promoción de vivienda asequible en Barcelona.
Las protestas llegan después de que el domingo se produjera una concentración ante el domicilio de Rosario Castelló, una vecina de la calle Entença que se encuentra en riesgo de desahucio. Según los convocantes, el edificio donde vive desde hace 27 años es ahora propiedad del fondo Vandor.
Los Mossos, pendientes de posibles movilizaciones
En paralelo, la comisaria jefa de los Mossos d’Esquadra, Sílvia Catà, ha asegurado que el cuerpo policial tiene constancia de que en Cataluña se pueden producir movilizaciones relacionadas con el derecho a la vivienda, en paralelo a las protestas que se desarrollan en Madrid.
En una entrevista al programa Vèrtex de TV3, Catà ha defendido que los Mossos deben garantizar tanto los derechos y las libertades de los ciudadanos como el derecho de reunión y manifestación.
La situación de los desahucios vuelve al centro del debate
La situación se ha intensificado tras el desahucio, la semana pasada, de Maricarmen Abascal, una octogenaria de Madrid que había vivido prácticamente toda la vida en el mismo piso. El caso ha generado una fuerte repercusión pública y ha vuelto a situar los desahucios de personas vulnerables en el centro del debate político.
El Congreso de los Diputados ha rechazado este año varios decretos relacionados con la vivienda y la prórroga de la moratoria de los desahucios para familias vulnerables. Ahora, el gobierno español negocia con Junts un nuevo decreto que incluya, entre otras medidas, la suspensión de desahucios cuando la propiedad del edificio sea un fondo de inversión.
Junts ha defendido una regulación que considera que debe ser limitada pero contundente y que incorpore también incentivos fiscales para fomentar el alquiler y medidas de seguridad jurídica para los propietarios.
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