La Audiencia de Barcelona tiene previsto comenzar este lunes el juicio por fraude fiscal contra la cantante colombiana Shakira.
La fiscalía le pide 8 años y 2 meses de prisión por defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio, además de 23,7 millones de multa y 18 años y un mes sin recibir incentivos fiscales.
El ministerio público la acusa de simular que vivía fuera de España cuando ya vivía en Barcelona con el futbolista del Barça Gerard Piqué. La cantante y la fiscalía habían negociado hace meses un posible pacto, pero finalmente Shakira lo descartó alegando que era “abusivo”, que se considera inocente y que ya ha pagado más de 17 millones de euros a Hacienda para intentar regularizar su situación fiscal.
A su vez, la cantante también tiene abierta otra investigación por defraudar presuntamente 5,8 millones de euros del IRPF y el Impuesto de Patrimonio de 2018. Este nuevo caso dificultaría un posible pacto, ya que en caso de ser condenada nuevamente, sería mucho más complicado que pudiera evitar la prisión.
Sin embargo, no se descarta del todo un pacto de última hora que evite el largo juicio, aunque la cantante tendría que aceptar los hechos y la pena, presencialmente, ante el tribunal.
El juicio, que ha despertado un gran interés mediático tanto en Cataluña como en Colombia, Estados Unidos y otros países, se prevé que se alargue 12 sesiones, hasta el 14 de diciembre. Está previsto que la cantante declare en persona este mismo lunes, y probablemente podrá ausentarse del resto de sesiones. Se prevé que declaren un centenar de testigos, hasta el 4 de diciembre, y después será el turno de varios peritos en materia fiscal, las conclusiones definitivas, los informes finales y el último turno de palabra de la cantante.
Según la fiscalía, Shakira vivía en Barcelona desde 2012 y desde febrero de 2013 lo hacía en Esplugues de Llobregat, en una casa que compró junto con Piqué a través de una sociedad de inversiones en mayo de 2012. El hijo mayor de ambos nació en 2013. La cantante viajaba a menudo al extranjero por motivos profesionales, pero con estancias muy cortas, excepto en Estados Unidos, donde hizo de jurado en el programa televisivo 'The Voice', y estuvo allí 61 días, 118 días en 2013 y 117 días en 2014.
Una vez terminadas sus actividades profesionales y de ocio, Shakira volvía a España, dice el escrito del fiscal, que considera que las ausencias eran “esporádicas”. De hecho, calcula que estuvo en el estado 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, y añade los viajes al extranjero porque no considera que fueran para residir en otro país, sino simplemente viajes de trabajo u ocio.
Por eso, Hacienda considera que Shakira residió cada día del año en España, muchos más de los 183 establecidos como mínimo para tributar, y por eso tenía la obligación de tributar “por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiera producido y fuera cual fuera la residencia del pagador”. También tenía la obligación de tributar por todo su patrimonio, independientemente del lugar donde se encontrara o donde se hubiera generado.
La cantante, según la fiscalía, era consciente de que tenía que tributar en España, pero utilizó un entramado societario creado años antes y que no modificó sustancialmente para evadir impuestos. Así, formalmente eran las sociedades las que figuraban como titulares de las percepciones de las rentas y el patrimonio, en lugar de figurar ella misma, que sólo figuraba en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, donde de forma indirecta iba a parar la mayor parte de la renta, de la cual dispuso en beneficio propio. El escrito de fiscalía enumera 14 sociedades con sedes en Holanda, Malta, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Panamá, Islas Caimán, Barcelona y Madrid. Cuatro de estas entidades cobraban los ingresos procedentes de su carrera musical y de publicidad.
El dinero que cobraban algunas de estas empresas por los derechos de autor, imagen y otros de la cantante eran transferidos a otras empresas simulando servicios o créditos. Las sociedades no tenían ni medios materiales ni humanos para realizar ninguna actividad y los gastos que tenían eran los pagos a despachos especializados en la administración de este tipo de empresas. La única relación que Shakira tenía con las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá o Luxemburgo era el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.
La acusada, con la colaboración y asesoramiento de determinados profesionales, realizó acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados 'tax rulling', para fijar condiciones específicas y privilegiadas de tributación. El primer acuerdo fue firmado en 2008, el segundo en agosto de 2012 y el tercero en diciembre de 2013. Estos acuerdos produjeron una tributación fiscal mínima que llegó al 2% de la renta bruta generada, y permitieron que el 94% de las rentas fueran transferidas a cuentas o sociedades situadas en paraísos fiscales. No obstante, Shakira no incluyó en los acuerdos todas las sociedades que controlaba directa o indirectamente, ni todas las rentas percibidas, sino sólo las que recibía a través de la única sociedad con sede en Luxemburgo.
Los últimos dos acuerdos con Luxemburgo los suscribió cuando ya vivía en España y no los comunicó a las autoridades estatales, dice la fiscalía.
Por todo ello, Hacienda y fiscalía calculan que de 2012 a 2014 ingresó unos 35 millones de euros por su actividad profesional y otros rendimientos inmobiliarios y bancarios. Habría defraudado 5,6 millones de euros de IRPF en 2012, 3,1 millones en el año 2013 y 3,4 en 2014, o sea unos 12,2 millones en total.
Sobre el Impuesto del Patrimonio, Hacienda calcula que Shakira tenía seis inmuebles, algunos de ellos compartidos, en las Bahamas, Miami, Nueva York, Uruguay, y Barranquilla (Colombia), valorados en 6,3 millones de euros. La casa de Esplugues que compartía con Piqué al 50% estaba valorada entre 3,1 y 4,7 millones de euros. Shakira controlaba la mitad de la propiedad a través de una sociedad panameña. También tenía un avión privado que en 2014 se vendió por 820.000 euros. Además, tenía unos activos financieros de entre 117 y 142 millones de euros. Por todo ello, y descontando los gastos deducibles, el valor total del patrimonio de la cantante pasó de los 99,4 millones en 2012 a los 117,6 millones en 2014. Por eso, Hacienda calcula que Shakira defraudó a la Agencia Tributaria de Cataluña 999.000 euros en 2012, 526.000 en 2013 y 624.000 en 2014, o sea unos 2,1 millones de euros en total.
En octubre de 2015 la Agencia Tributaria española inició una inspección fiscal a Shakira, que se le comunicó en junio siguiente. En noviembre de 2018 presentó declaraciones de IRPF e ingresó 12,3 millones de euros. En marzo de 2019 pagó 2,3 millones de intereses de demora. En diciembre de 2018 pagó 2,1 millones de euros a la Agencia Tributaria de Cataluña por el impuesto de patrimonio, y en marzo siguiente pagó 409.000 euros por los intereses de demora. En total pagó unos 17,2 millones de euros para intentar regularizar su situación.
Por todo ello, la fiscalía la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública con el agravante de cantidad y el uso de personas jurídicas interpuestas, por la defraudación del IRPF y el Impuesto del Patrimonio de 2012, 2013 y 2014. Le pide que devuelva el importe supuestamente defraudado con un recargo de entre el 10 y el 90% según el año y el impuesto. Para el juicio, el ministerio público pide hasta 37 testigos, muchos de ellos en el extranjero, y varias periciales de técnicos de Hacienda. La Abogacía del Estado la acusa por los tres fraudes en el IRPF de 12,5 millones en total, y la Generalitat la acusa por el fraude en el Impuesto de Patrimonio.
